El Salvador se encamina hacia un nuevo ciclo electoral para el año 2027, un proceso que habitualmente desplaza la atención pública hacia la reorganización de alianzas, la definición de candidaturas y las disputas por el voto. Sin embargo, mientras el escenario político se llena de propaganda, avanza en paralelo un proceso de ajuste económico profundo que podría impactar severamente la vida cotidiana de la clase trabajadora salvadoreña.
De acuerdo con análisis basados en los documentos del acuerdo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha trazado una ruta de "consolidación fiscal" que tiene como horizonte decisivo el año 2027. El programa contempla una mejora del balance primario subyacente equivalente aproximadamente al 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante un periodo de tres años. De este porcentaje, una parte sustancial recae sobre la reducción del gasto público.
Los datos técnicos revelan que, mientras las medidas sobre los ingresos aportarían alrededor del 0.7 % del PIB al ajuste acumulado para 2027, la carga mayor recae en el gasto, con una proyección de medidas equivalentes al 2.8 % del PIB. Dentro de este recorte, se especifica una reducción de la masa salarial equivalente al 1.6 % del PIB, recortes en bienes y servicios por el 1 % y una racionalización de las transferencias municipales de aproximadamente 0.2 %.
Este escenario de ajuste no se limita a cifras abstractas, sino que implica medidas concretas que afectan la estabilidad laboral. Entre las acciones señaladas en el programa aparecen la eliminación de plazas vacantes, la prohibición de incrementos salariales, la modificación de los mecanismos salariales en el sector salud, restricciones a nuevos beneficios laborales y una reforma integral del servicio civil, centrada en la ley de la función pública.
La revisión posterior del programa del FMI ha endurecido estas directrices, indicando que la reforma del servicio civil debe vincular las remuneraciones públicas con la productividad y las calificaciones, además de endurecer los criterios de contratación. El objetivo final es reducir la masa salarial del sector público en aproximadamente un 1.5 % del PIB hacia 2027.
El riesgo para los trabajadores no reside necesariamente en despidos masivos inmediatos, sino en un ajuste estructural más complejo. Esto podría traducirse en el congelamiento de salarios, la no sustitución de plazas por jubilaciones, la no renovación de contratos, la fusión de instituciones y la tercerización de servicios públicos. Bajo conceptos como "modernización", "eficiencia" o "digitalización", el Estado podría reducir su empleo estable, sustituyendo trabajadores públicos por personal privado con menor estabilidad y salarios más bajos.
Otro punto crítico es la sostenibilidad del sistema de pensiones, que el FMI identifica como una reforma estructural necesaria junto a la eficiencia del servicio civil. Esta posible reforma previsional podría afectar a generaciones enteras de trabajadores, tanto públicos como privados, alterando variables como la edad de retiro, los años de cotización, los aportes patronales y el monto de las pensiones.
La coincidencia temporal entre el calendario electoral y el económico es alarmante. Mientras el Tribunal Supremo Electoral desarrolla el ciclo para 2027 y los partidos políticos concentran la discusión nacional, el programa con el FMI contempla revisiones clave en marzo y septiembre de 2027. Esta situación sugiere que el ruido electoral podría funcionar como una cortina para que las medidas de ajuste pasen a segundo plano.
El impacto de estas políticas podría extenderse más allá del sector público. Una reducción en el empleo estatal y la contención de salarios disminuyen el ingreso disponible, lo que a su vez golpea el consumo, el comercio y los servicios. Asimismo, la tercerización trasladaría a los trabajadores hacia empleos privados más precarios.
Ante este panorama, se hace un llamado al movimiento sindical y a la clase trabajadora para no distraerse con la competencia electoral. La advertencia es clara: el momento de discutir el presupuesto de 2027, las plazas públicas y las reformas previsional es ahora, y no cuando las leyes ya hayan sido aprobadas en la Asamblea Legislativa. La organización preventiva y el seguimiento permanente de las metas fiscales son presentados como la única vía para evitar que la clase trabajadora sea quien pague la factura final del ajuste económico.
