El senador Nilton Condori ha confirmado oficialmente su suspensión de la Asamblea Legislativa por un periodo de ocho meses, una medida disciplinaria que implica la pérdida de sus haberes durante dicho tiempo. Tras hacerse pública la decisión, el legislador no solo ratificó la sanción, sino que salió en defensa de las expresiones que utilizó contra algunos de sus colegas parlamentarios, a quienes calificó mediante términos fuertes y directos como “vagos, ociosos, mancagastos y jararancos”.
La sanción fue impuesta por el Senado basándose en los informes emitidos por la Comisión de Ética. De acuerdo con los antecedentes, Condori se encuentra en el centro de diversos procesos y denuncias. Uno de los puntos centrales que motivaron la suspensión fue el uso de un lenguaje considerado contrario al decoro legislativo, lo que vulneraría las normas de conducta esperadas dentro del recinto parlamentario. No obstante, las causas no se limitan únicamente a sus declaraciones; el senador también enfrenta cuestionamientos legales y administrativos debido a su participación activa en los 53 días de bloqueos.
Frente a estas acusaciones, Condori ha mantenido una postura firme, minimizando el impacto de la sanción y recurriendo a la figura jurídica de la inviolabilidad parlamentaria. Según el legislador, sus expresiones están protegidas por este derecho, el cual garantiza que los parlamentarios no puedan ser procesados o sancionados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, el senador sostiene que sus palabras forman parte de su labor de representación y crítica.
Más allá de los argumentos legales, Nilton Condori ha trasladado la discusión al plano político. El legislador afirmó que los procesos disciplinarios en su contra no son fortuitos, sino que constituyen una represalia directa de lo que él denomina la “casta política”. Según su perspectiva, las acciones sancionatorias son una respuesta a las posiciones críticas que ha asumido dentro de la Asamblea Legislativa y a una serie de propuestas de reforma que, asegura, afectan los intereses económicos y privileges de ciertos sectores políticos.
Entre las propuestas mencionadas por el senador que habrían generado malestar entre sus pares, destaca el planteamiento para reducir los salarios de los legisladores, la eliminación de las rentas vitalicias y la implementación de mecanismos para fortalecer la fiscalización de las brigadas departamentales. Condori sostiene que estas medidas, orientadas a la austeridad y la transparencia, son la verdadera razón detrás de la persecución disciplinaria que enfrenta.
Un aspecto llamativo de sus declaraciones fue la comparación explícita que realizó con la trayectoria del expresidente Evo Morales. El senador evocó el año 2002, momento en el que Morales fue expulsado de la Cámara de Diputados tras un proceso en su contra. Para Condori, existe un paralelismo histórico y político entre aquel evento y su situación actual.
“2002, el líder indígena Evo Morales ha sido expulsado de la asamblea parlamentaria, de los diputados. Pasaron varios años, en 2026, otro líder indígena, aymara, rebelde, es suspendido por ocho meses”, afirmó el legislador, proyectando que, al igual que sucedió con Morales, esta sanción no representará el final de su trayectoria pública, sino un paso más en su camino político.
Con la mirada puesta en el futuro, Condori anunció que no piensa retirarse de la escena política y que ya tiene objetivos claros, señalando su intención de postularse como candidato en las elecciones generales del año 2030.
A pesar de su optimismo electoral, el legislador reconoció que la situación podría agravarse. Informó que existen otros procesos en curso que podrían derivar en una sanción aún más severa, llegando potencialmente a la expulsión definitiva del Senado. Ante este escenario, Condori aseguró que su vida profesional no se detendría; en caso de ser expulsado permanentemente, manifestó su voluntad de retornar al magisterio, actividad docente a la que se dedicaba antes de ingresar a la política legislativa.
El senador concluyó reiterando que, independientemente de las sanciones que se apliquen, mantendrá sus cuestionamientos hacia el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y continuará impulsando sus propuestas de reforma, insistiendo en que el conflicto es el resultado de una disputa política profunda.
