Gobierno Nacional asume control de cámaras de Quito tras denuncias de espionaje y fallas técnicas

El Gobierno Nacional anunció este lunes 10 de agosto que asumirá el control total del Centro de Cámaras del COE Metropolitano de Quito. Esta medida tiene como objetivo principal integrar el sistema de videovigilancia de la capital directamente al trabajo operativo de la Policía Nacional, desplazando la administración que hasta ahora recaía en el Municipio de Quito.

El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien justificó la intervención basándose en las condiciones actuales de funcionamiento del sistema. El funcionario cuestionó severamente la infraestructura técnica utilizada para administrar la información, señalando que tanto la conectividad como el data center no se encuentran ubicados en las salas donde, según su criterio profesional, deberían estar situados para garantizar un manejo óptimo.

Durante su intervención, el ministro Reimberg puso sobre la mesa una preocupación central relacionada con la seguridad de los datos y el acceso a las imágenes. El ministro mencionó la existencia de las denominadas “salas espejo” y cuestionó abiertamente quiénes más podrían estar teniendo acceso a las imágenes captadas por las cámaras de la ciudad. Según Reimberg, el sistema actual no contaría con las seguridades necesarias para garantizar que personas externas o no autorizadas no puedan acceder a la información visual de Quito.

A pesar de estas advertencias sobre la vulnerabilidad del sistema, el ministro no identificó nombres de personas ni instituciones específicas que estuvieran observando las cámaras de manera irregular, ni proporcionó casos concretos donde se hubiera comprobado dicho acceso no autorizado.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa respaldó la decisión del Ministerio del Interior y elevó el tono de las declaraciones a través de su cuenta en la red social X. El mandatario afirmó que el control de la videovigilancia de Quito se retoma para ponerla al servicio de la Policía Nacional y de la seguridad de los ciudadanos, asegurando que el sistema no debe servir para “redes de espionaje”.

Además de los problemas de seguridad y acceso, el ministro Reimberg reveló irregularidades financieras vinculadas a la operatividad del sistema. A través de sus redes sociales, el funcionario precisó que los servicios de las cámaras son proporcionados por la empresa Telconet y que estos se encontrarían en una situación de impago o “fiados”, sin haber sido regularizados desde enero de 2026.

Otro punto crítico abordado por el ministro fue la naturaleza del uso que se le ha dado al Centro de Cámaras hasta el momento. Reimberg criticó que la herramienta haya cumplido únicamente una función de observación posterior al delito, es decir, una revisión de imágenes una vez que el hecho criminal ya ha ocurrido. El ministro sostuvo que el sistema debe transformarse en un instrumento operativo capaz de anticipar el crimen, identificar a los responsables en tiempo real, seguir sus movimientos y facilitar la captura inmediata por parte de las fuerzas del orden.

“Desde hoy cada cámara tendrá una misión concreta: prevenir, reaccionar y ayudar a capturar”, enfatizó el titular del Interior, subrayando que las herramientas tecnológicas de seguridad no pueden permanecer “atrapadas en la burocracia” o alejadas de las operaciones policiales mientras las organizaciones criminales actúan con rapidez.

Ante la posible interpretación de que esta medida responde a conflictos políticos, Reimberg fue enfático al señalar que la decisión no se trata de disputas por competencias, protagonismos ni pleuralidades políticas, sino de una acción enfocada estrictamente en la protección de vidas humanas y la obtención de resultados en seguridad para la ciudad de Quito.

Hasta el momento del anuncio, el Gobierno Nacional no ha detallado cuál será el procedimiento administrativo legal para formalizar la toma del control del Centro de Cámaras, ni ha explicado qué sucederá con la infraestructura física y los contratos de servicios vinculados al sistema. Asimismo, no se han presentado pruebas públicas que detallen el alcance de las “redes de espionaje” mencionadas por el presidente Noboa. La respuesta oficial del Municipio de Quito ante estas acusaciones y el cambio de administración aún se encuentra pendiente.