El presidente de la República, Bernardo Arévalo, hizo uso de la palabra este lunes 10 de agosto para referirse a la situación actual del decreto 18-2026. Este documento legal contiene las reformas propuestas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, mejor conocido como IUSI, y se encuentra actualmente bajo la revisión del Poder Ejecutivo tras haber sido trasladado por el Organismo Legislativo el pasado 6 de agosto.
El mandatario guatemalteco explicó detalladamente que la determinación final sobre si el Ejecutivo procederá a sancionar o, por el contrario, vetar la normativa, no es una decisión sencilla, ya que requiere de un análisis integral. Según las declaraciones del presidente, este estudio debe equilibrar diversos factores fundamentales para asegurar que la medida sea viable y coherente con la administración actual.
En sus declaraciones, Arévalo enfatizó que el proceso de evaluación se divide en dimensiones específicas. Por un lado, señaló que es imperativo considerar los parámetros de lo que políticamente se requiere y es razonable. Por otro lado, subrayó la importancia de analizar lo que técnicamente se requiere y es razonable. El gobernante dejó claro que, independientemente de estos análisis, debe reconocerse que la reforma es, en esencia, una decisión política que ha sido tomada y impulsada por el Congreso de la República.
Respecto a los tiempos administrativos, el presidente precisó que el decreto 18-2026 llegó formalmente a las instalaciones de Casa Presidencial el pasado viernes. Debido a la relevancia de la materia, el mandatario informó que su equipo de trabajo ya se encuentra revisando minuciosamente el contenido del documento. El objetivo de esta revisión técnica y política es fijar una postura oficial que permita dar respuesta al traslado realizado por el Legislativo.
Arévalo fue enfático al reiterar que la ley ya se encuentra en manos del Ejecutivo y que el proceso de análisis está en marcha. “Nosotros, la ley ya está aquí, llegó el día viernes, si no me equivoco, y ahorita la estamos analizando para fijar una posición”, señaló el gobernante, dejando abierta la posibilidad de que la decisión final se comunique en los próximos días.
La posibilidad de que estas reformas al IUSI sean sancionadas ha generado una notable expectativa en diversos sectores del país. Específicamente, tanto los sectores económicos como las administraciones municipales se mantienen atentos a la decisión presidencial, ya que los cambios en la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles impactan directamente en la estructura tributaria y en la recaudación local.
En cuanto a la operatividad de la ley, el texto establece un periodo de transición una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial. La normativa entrará en vigencia formalmente 90 días después de dicha publicación. Este plazo de tres meses ha sido contemplado para que las instituciones responsables puedan organizar la transición administrativa.
Durante este periodo de 90 días, se ha dispuesto que las municipalidades, como entes recaudadores y administradores del impuesto, junto con la cartera del Tesoro, lleven a cabo todas las adecuaciones administrativas y presupuestarias que sean necesarias. Estas acciones son fundamentales para garantizar que la implementación de las reformas se realice de manera ordenada y eficiente, asegurando que los ajustes presupuestarios estén alineados con los nuevos mandatos de la ley.
En resumen, el Ejecutivo se encuentra en una fase de deliberación técnica y política sobre el decreto 18-2026, mientras los sectores involucrados aguardan la resolución de Bernardo Arévalo para iniciar los preparativos operativos que demanda la ley en caso de ser sancionada.
