El senador y promotor de la ley de alimentación saludable, Jaime Delgado, ha manifestado su profunda preocupación y malestar ante el reciente acuerdo firmado entre la presidenta Fujimori y la compañía Coca-Cola. Según el legislador, este acto conlleva un simbolismo contraproducente para las políticas públicas de salud, especialmente considerando que las bebidas gaseosas son uno de los productos con mayor contenido de azúcar y uno de los principales contribuyentes al desarrollo de la diabetes en la población.
Delgado señaló que el Estado, representado por la presidencia, debería priorizar el respaldo a los productores de granos andinos y a aquellos fabricantes que apuestan por la alimentación saludable, en lugar de asociarse con empresas que, a nivel internacional, han sido señaladas por inducir a millones de personas a padecer diabetes. Para el senador, estas imágenes debilitan el mensaje de prevención contra el sobrepeso y la obesidad, objetivos centrales de la política pública de protección de la salud en el país.
Sobre la trayectoria de la ley de octógonos, de la cual fue autor, Delgado recordó que la iniciativa fue aprobada con relativa facilidad entre los años 2012 y 2013. Sin embargo, detalló que el escenario cambió drásticamente después de 2016, cuando surgió una fuerte campaña impulsada por sectores de la industria para dejar sin efecto la ley de alimentación saludable. En este contexto, el senador denunció la influencia de grupos políticos vinculados a la industria, mencionando que en un periodo tertentu el presidente del Congreso fue Pedro Olaechea, quien también presidió la Sociedad Nacional de Industrias.
Uno de los episodios más críticos narrados por Delgado ocurrió durante una reunión en la Comisión de Defensa y Consumidor, donde él y un representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fueron expulsados abruptamente al intentar exponer los argumentos técnicos para mantener el etiquetado frontal. Este hecho ocurrió durante el periodo en que el fujimorismo contaba con una mayoría considerable en el Parlamento, lo que el senador describió como una actitud cerrada al diálogo con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la actual composición del Congreso, Jaime Delgado reconoció que su bancada, "Ahora Nación", es actualmente el grupo más pequeño. No obstante, afirmó que se mantienen como un bloque sólido y cohesionado, enfocado en la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la división de poderes. En línea con esta postura, respaldó la iniciativa de la diputada Indira Huilca para que las sesiones del Congreso vuelvan a ser presenciales, argumentando que la virtualidad limita la capacidad de debate y la transparencia frente al público, a pesar de que el presidente del Congreso, el señor Torres, haya defendido la eficiencia de las sesiones virtuales.
En el ámbito internacional, la bancada de "Ahora Nación" ha solicitado que el canciller Espá acuda al Senado para brindar detalles sobre la adhesión del Perú al denominado "Escudo de las Américas", promovido por el presidente Trump. Delgado expresó su inquietud sobre el alcance y la naturaleza de este acuerdo, advirtiendo que no puede tratarse simplemente de un "club de amigos" presidenciales, ya que cualquier compromiso que involucre al Estado debe ser aprobado por el Congreso. El senador alertó que este bloque podría estar excesivamente ideologizado y que un sesgo contra potencias como China o Rusia podría afectar negativamente la política comercial del país.
Finalmente, Jaime Delgado definió su prioridad legislativa como el "senador de los consumidores". En ese sentido, manifestó su firme oposición a la propuesta de fusionar los organismos reguladores como Osiptel y Osinergmin. Según el legislador, una fusión sacrificaría la especialidad y la autonomía de estas entidades, facilitando la injerencia del Poder Ejecutivo a través de la PCM. Delgado aclaró que estos organismos no representan un gasto para el Estado, ya que son financiados por los usuarios a través de sus recibos, y que su autonomía es la única garantía para regular basándose en evidencias y estudios técnicos.
En el plano judicial, el senador calificó como "persecución política" la denuncia presentada contra el diputado Harvey Colchado, vinculándola a una campaña más amplia que también afecta a fiscales como Vela y Pérez, así como a Gustavo Gorriti. Delgado concluyó haciendo un llamado a la despolitización de las instituciones judiciales y fiscales, incluyendo el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, para restablecer la verdadera independencia de poderes.
