El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ejerció el cargo entre los años 2014 y 2022, compareció este lunes ante un tribunal en la ciudad de Tegucigalpa. El exmandatario asistió a su primera audiencia en el marco de un proceso judicial abierto en el año 2023, en el cual se le acusa de presunto fraude y lavado de activos por un monto aproximado de 10,8 millones de dólares.
La llegada de Hernández, de 57 años, al Tribunal de Sentencia fue posible gracias a que un juez decidió suspender provisionalmente la orden de captura que pesaba sobre él, así como la alerta roja emitida previamente. Sin embargo, el ingreso a la sede judicial estuvo marcado por declaraciones contundentes del exgobernante hacia los medios de comunicación presentes.
Antes de entrar al recinto, Juan Orlando Hernández aseguró a los periodistas que se encuentra en una situación de «indefensión» y que su estado jurídico es el de un «limbo». Según el exmandatario, esta situación se debe a que el recurso de reposición presentado por su equipo de defensa el pasado viernes aún no ha sido resuelto. Dicho recurso solicita que el proceso legal permanezca bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no sea trasladado a otra instancia.
«A esta hora estoy en indefensión todavía (…) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo», declaró Hernández. Durante su intervención, el expresidente afirmó estar siendo víctima de una «persecución política» y solicitó a los profesionales de la prensa investigar las razones por las cuales, a su juicio, solo en su caso se emitió una orden de captura, mientras que el resto de los imputados en el proceso pudieron presentarse ante la justicia en libertad.
La audiencia quedó finalmente bajo la responsabilidad de un juez de Criminalidad Organizada. Este cambio ocurrió después de que el magistrado que había sido designado inicialmente por la Corte Suprema de Justicia se declarara, el jueves pasado, sin competencia para conocer el expediente. El magistrado consideró que la investigación en cuestión no involucra a ningún alto funcionario que se encuentre actualmente en funciones, razón por la cual determinó que no se justificaba mantener el proceso en ese tribunal superior.
De acuerdo con la legislación vigente en Honduras, la Corte Suprema es el órgano competente para juzgar a diputados y a altos funcionarios. En el caso específico de Juan Orlando Hernández, él ostentaba el cargo de diputado durante el periodo en el que ocurrieron los hechos investigados, proceso este que es conocido bajo el nombre de «Pandora II». Cabe destacar que en este mismo caso, el expresidente Porfirio Lobo, quien gobernó Honduras entre 2010 y 2014, obtuvo un sobreseimiento definitivo.
La acusación central del proceso se relaciona con el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre los años 2010 y 2013. Durante ese periodo, Hernández presidía el Parlamento hondureño. Según los argumentos de la acusación, esos fondos habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral del año 2013.
En cuanto al desarrollo de la jornada, la audiencia se llevó a cabo en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia. Esta ubicación fue elegida debido a que el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción presentaba limitaciones de espacio. En las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, decenas de simpatizantes del exgobernante se concentraron para manifestar su respaldo, utilizando banderas y consignas a favor de Hernández.
El exmandatario llegó a la sede judicial acompañado por su núcleo familiar y bajo un fuerte despliegue de seguridad. Este regreso a los tribunales hondureños ocurre tras un complejo proceso internacional. Hernández había sido extraditado a Estados Unidos en el año 2022, donde un tribunal lo condenó en 2024 a una pena de 45 años de prisión por cargos vinculados al narcotráfico. No obstante, el 1 de diciembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto total, lo que anuló la sentencia. Tras este indulto, el exgobernante retornó a Honduras el pasado 26 de julio.
