El economista Ramiro Cavero ha detallado las estrictas condiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha impuesto al Estado boliviano para acceder y mantener los desembolsos de un crédito financiero. Según el análisis del especialista, quien forma parte del equipo del expresidente Jorge Quiroga, el organismo multilateral ha condicionado el apoyo financiero al cumplimiento riguroso de una serie de metas fiscales, monetarias y estructurales que el país debe demostrar haber avanzado.
Uno de los puntos más críticos y urgentes señalados por Cavero es la necesidad de una reducción drástica del déficit fiscal. El economista explicó que el organismo financiero considera que el nivel actual de déficit, situado en aproximadamente 4.700 millones de dólares, lo que representa un nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es una cifra insostenible para la economía nacional. En consecuencia, el FMI exige que este monto sea reducido a 1.500 millones de dólares, lo que equivaldría a un tres por ciento del PIB, nivel que, según el analista, sí se considera sostenible en el tiempo.
Si bien Cavero mencionó que el plazo exacto para alcanzar este objetivo puede ser objeto de discusión, enfatizó que la meta final de reducción del déficit es ineludible para asegurar la continuidad del financiamiento.
Además del ajuste fiscal, el economista señaló que otro requisito fundamental es la corrección del desequilibrio externo. El objetivo es que Bolivia logre revertir su situación actual y vuelva a generar una cantidad de divisas superior a la que sale del país. Para alcanzar este equilibrio, Cavero afirmó que es imperativo que el Gobierno impulse la exportación de productos y diseñe estrategias efectivas para atraer inversión extranjera.
Dentro de las medidas estructurales que formarían parte del acuerdo, el especialista destacó tres acciones clave: el cese del financiamiento al Tesoro General de la Nación con recursos provenientes del Banco Central, la modificación de normativas legales para hacer el país más atractivo a las inversiones internacionales y el fortalecimiento general del sistema financiero boliviano.
Al analizar las medidas que el Gobierno ya ha tenido que implementar para avanzar en el acceso al crédito, Cavero indicó que una de las tareas fundamentales fue el levantamiento parcial de la subvención a los combustibles. Esta medida se suma a otra condición clave: el establecimiento de un régimen cambiario flexible. El economista explicó que el objetivo es unificar el tipo de cambio, eliminando la brecha existente entre el tipo de cambio oficial, situado en 7 bolivianos, y el mercado paralelo, donde la cifra alcanza los 10 bolivianos.
Asimismo, se informó que el convenio ya contemplaba una reducción inicial del déficit fiscal, pasando del 10,5% al 9,2%. Otra de las acciones concretas mencionadas es la disposición de que la Gestora deje de prestar recursos al sector privado.
Mirando hacia el futuro, el economista prevé la promulgación de nuevas leyes orientadas a optimizar el sistema financiero del país. Cavero anticipó que probablemente se presenten nuevas normativas en los sectores de hidrocarburos y minería, con el fin específico de atraer inversión internacional y, por ende, incrementar el volumen de las exportaciones bolivianas.
Respecto al estado actual del proceso, Cavero aclaró que, aunque se ha alcanzado un acuerdo técnico con el FMI, todavía existen compromisos pendientes que deben resolverse antes de que se proceda a la aprobación definitiva del crédito. En este sentido, el especialista manifestó su expectativa de que el Gobierno actúe con transparencia y haga público el convenio completo.
Finalmente, sobre las consecuencias de un posible incumplimiento de las condiciones pactadas, el economista explicó que cualquier falta debería ser debidamente justificada. Según Cavero, si el incumplimiento es menor, es probable que el país continúe recibiendo los desembolsos; no obstante, advirtió que en un escenario de incumplimiento extremo, el acuerdo podría romperse definitivamente. Por este motivo, el analista subrayó que es fundamental que el Gobierno cumpla con los compromisos asumidos en el programa.
