El presidente Gustavo Petro ha lanzado una fuerte crítica pública al registrador nacional Hernán Penagos, cuestionando su postura sobre la confidencialidad del código fuente del software electoral colombiano. Petro argumenta que la transparencia y la propiedad estatal de estos sistemas son esenciales para garantizar la integridad de los comicios, mientras que Penagos advierte sobre los riesgos de seguridad que implicaría la divulgación del código.
El mandatario, a través de sus redes sociales, refutó las afirmaciones de Penagos, quien había expresado su preocupación de que revelar el código fuente podría comprometer la seguridad del sistema electoral. Petro afirmó categóricamente que las declaraciones del registrador son “mentira”, señalando que la mayoría de los países en el mundo no utilizan softwares con códigos fuente privados, sino que estos son propiedad del Estado.
Petro citó una decisión del Consejo de Estado de 2018, que, según él, ordenó el manejo público del software electoral. Denunció que, desde entonces, todos los registradores han ignorado esta orden judicial, manteniendo el código bajo reserva. Esta situación, según el presidente, obstaculiza la realización de una auditoría transparente del sistema de votación.
La denuncia del presidente se centra en el hecho de que el código fuente se mantiene en secreto y en manos de una empresa privada cuyos dueños han sido procesados en Estados Unidos por estafa bancaria. Petro enfatizó que este código no es auditable ni siquiera por la Registraduría, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral.
Según Petro, nadie audita de manera experta el software electoral de los hermanos Bautista, y existen indicios de que la empresa podría tener hasta tres versiones diferentes del software disponibles, dependiendo de factores no especificados. El presidente subrayó que esta situación no puede considerarse transparencia electoral y no ofrece garantías para la libertad del voto ciudadano.
La preocupación principal del presidente radica en la imposibilidad de verificar técnicamente el correcto funcionamiento del software utilizado en las elecciones. Petro argumenta que la supervisión independiente no es viable mientras la propiedad y el control sigan en manos privadas, especialmente considerando los antecedentes judiciales de los titulares de la empresa responsable.
Ante esta situación, el presidente Petro propuso ampliar la vigilancia sobre el proceso electoral mediante la movilización ciudadana. “Solo con dos millones de testigos electorales podemos impedir un posible fraude”, afirmó el mandatario, instando a fortalecer los mecanismos de control social para garantizar el respeto a la voluntad popular.
Petro insiste en que la única manera de blindar la transparencia y proteger la legitimidad de las elecciones es que el Estado colombiano asuma la titularidad del código fuente, permitiendo auditorías expertas y otorgando acceso a todas las partes interesadas bajo supervisión institucional.
Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos alertó el jueves 23 de abril sobre los “altísimos riesgos” relacionados con la posible entrega del código fuente del software de preconteo y escrutinio de votos. Penagos argumenta que el pedido del presidente Petro de entregar el código, basado en preocupaciones sobre un potencial fraude, implicaría elevar significativamente las amenazas a la seguridad del proceso electoral.
Según Penagos, la divulgación total del código habilitaría la creación de versiones fraudulentas y facilitaría ataques dirigidos a vulnerar los controles técnicos ya establecidos. “Permitirá que malintencionados diseñen ataques a la lógica de ese código fuente, generando alteraciones al mismo”, sostuvo el registrador.
Penagos explicó que la exposición en salas de auditoría, práctica prevista para las próximas dos semanas, permite una revisión ciudadana bajo control, pero entregar el código agrava la vulnerabilidad y la posibilidad de evasión en medidas de seguridad. El funcionario añadió que ninguna nación democrática de Latinoamérica suministra abiertamente este tipo de programas a la ciudadanía, enfatizando que los riesgos en materia de vulnerabilidad y de ataques al código son altísimos.
Las declaraciones del presidente Petro y del registrador Penagos han intensificado el debate en Colombia sobre la titularidad y seguridad del software electoral, así como sobre la responsabilidad de la Registraduría Nacional frente a la confianza ciudadana en los procesos democráticos. Esta situación permanece sin cambios significativos desde la orden emitida por el Consejo de Estado en 2018, lo que ha generado una creciente preocupación sobre la transparencia y la integridad de las elecciones en el país. La discusión plantea interrogantes fundamentales sobre el equilibrio entre la seguridad del sistema electoral y la necesidad de garantizar la transparencia y la confianza pública en los resultados.
