El gobierno de Gabriel Kast enfrenta crecientes críticas y un intenso debate en torno a su proyecto de ley “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, mientras surgen acusaciones sobre tácticas de descalificación hacia la administración anterior y figuras de la oposición. Según información proporcionada por un escritor y abogado que solicita mantener su anonimato, el discurso del Presidente Kast ha estado marcado por constantes referencias a los “errores” del gobierno anterior, responsabilizándolo de los problemas actuales de Chile.
La fuente revela que Cristián Leiva, un colaborador cercano al Presidente, está a cargo de elaborar minutas que dictan lo que los ministros pueden y no pueden decir, llegando incluso a “inventar afirmaciones y relatos falaces” con el objetivo de deslegitimar a figuras clave del gobierno de Boric, como Marcel, Tohá, Grau y sus respectivos equipos. Esta estrategia, descrita por algunos como un “asesinato de imagen”, busca debilitar la oposición y consolidar el apoyo al actual gobierno.
El proyecto de ley, presentado como una solución al “estancamiento estructural” que, según el Ministro de Hacienda, aqueja al país, ha generado controversia debido a su enfoque en la reducción de impuestos y la austeridad fiscal. La propuesta incluye rebajas tributarias, exenciones de IVA para viviendas, créditos tributarios y exenciones de contribuciones de bienes raíces, medidas que, según críticos, beneficiarán principalmente a los sectores más ricos de la población.
El estudio de abogados del Ministro de Defensa, conocido por su representación legal de Augusto Pinochet en el pasado, ha analizado el proyecto y destacado 14 medidas de interés para sus clientes especialistas en derecho tributario. Entre ellas, se menciona la creación de un “Fondo de Emergencia para Reconstrucción” financiado con mecanismos transitorios como la rebaja al impuesto a donaciones y la repatriación de capitales.
La propuesta también contempla la eliminación de la obligación de notificar a los herederos en caso de donaciones, lo que podría facilitar la evasión fiscal y perjudicar al Fisco. Esta medida, junto con otras como la exención de IVA para viviendas y la reducción del impuesto de primera categoría para empresas, ha levantado interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del proyecto y su impacto en la distribución de la riqueza.
La fuente advierte que el diseño político y económico de Kast recuerda al modelo implementado durante la dictadura de Pinochet, una combinación de políticas neoliberales con una fuerte represión a la oposición. Si bien Kast carece del aparato represivo de la dictadura, estaría recurriendo a estrategias comunicacionales para desacreditar a sus detractores.
El gobierno de Kast se ha comprometido a disminuir el gasto público en 6 mil millones de dólares y reducir el presupuesto de los ministerios en un 3%. Para lograrlo, propone medidas de austeridad como la eliminación de la franquicia SENCE y la postergación del ingreso de nuevas universidades al sistema de gratuidad. Sin embargo, estas medidas contrastan con el aumento de asesores, los incrementos salariales y las indemnizaciones a funcionarios despedidos, así como con gastos considerados superfluos, como el almuerzo ofrecido por el Presidente y la provisión de oficinas para los funcionarios desplazados de sus lugares de trabajo.
La Ministra de Cultura ha suspendido la reconstrucción del proyecto GAM, lo que implicará el pago de una cuantiosa indemnización a la constructora que ganó la licitación. Estos hechos ponen en duda la coherencia de la política de austeridad del gobierno y la capacidad de Leiva para gestionar la comunicación de estas decisiones.
La gestión de algunos ministros también ha sido objeto de críticas. Mara Sedini, Ministra de Cultura, ha cometido errores y ha dado explicaciones confusas, mientras que las Ministras de Ciencia y de Asuntos de la Mujer han realizado planteamientos difíciles de comprender. La Ministra de Seguridad, por su parte, ha justificado el envío de un oficio a la PDI con la frase “lo hago porque puedo”, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre su autoridad.
La fuente sugiere que el gobierno de Kast podría enfrentar dificultades para cumplir sus promesas en los primeros 90 días, especialmente en lo que respecta a la expulsión de inmigrantes, la reducción de la delincuencia, la disminución del gasto público y la pacificación de la zona mapuche de Temucuicui. En caso de no lograrlo, el gobierno podría buscar excusas en factores externos, como la oposición parlamentaria, los comunistas o incluso atribuir los problemas a causas sobrenaturales.
El proyecto de ley deberá ser debatido en el Congreso Nacional, donde diputados y senadores seguramente propondrán indicaciones y modificaciones. Se espera que el proceso sea largo y complejo, lo que podría retrasar la aprobación de la ley más allá del plazo previsto por el gobierno. La posibilidad de que Kast recurra a la urgencia legislativa o busque el apoyo de figuras internacionales como Donald Trump, al estilo de Javier Milei, también está sobre la mesa.
La información proporcionada por la fuente revela un panorama complejo y desafiante para el gobierno de Kast, marcado por acusaciones de manipulación comunicacional, contradicciones en la política económica y dudas sobre la capacidad de cumplir sus promesas. El debate sobre el proyecto de ley y las estrategias del gobierno continuarán en los próximos meses, mientras la oposición y la sociedad civil observan atentamente los acontecimientos.
