La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reveló que alertó al presidente Gustavo Petro sobre presuntos privilegios otorgados a capos de organizaciones criminales en la cárcel de Itagüí, así como sobre injerencias indebidas de la senadora Isabel Cristina Zuleta en el sistema penitenciario del país. La información fue dada a conocer en diálogo con la revista SEMANA, donde la exministra detalló los hechos que la llevaron a renunciar a su cargo en mayo pasado.
Según Buitrago, antes de su salida del gobierno, entregó un informe escrito a Petro en marzo, detallando la situación en Itagüí, donde se concentraban los esfuerzos de la llamada “paz urbana”. Además, tuvo una conversación directa con el presidente en abril, durante una visita a un centro de reclusión en Acacías, Meta, donde le reiteró sus preocupaciones sobre las injerencias de la senadora Zuleta.
“Se le rindió un informe escrito en el mes de marzo, se dejó la secretaría jurídica, pero no sé si lo alcanzó a ver. De todos modos, tuvimos una conversación muy tangencial en abril cuando fuimos a un centro de reclusión en Acacías y allí le mencioné ese tema, pero desde ese punto de vista yo salgo en mayo, paso la renuncia y una de las causas era esa”, afirmó Buitrago.
La exministra enfatizó que la injerencia de la senadora Zuleta fue un factor determinante en su decisión de renunciar. De hecho, lo dejó plasmado en su carta de renuncia y en los informes de gestión que presentó al presidente. “Incluso el tema de hacer injerencia en los centros carcelarios era un tema muy complejo porque la que responde por los centros carcelarios como cabeza del sector es la ministra de Justicia; del sector, el Ministerio de Justicia es el que lleva la responsabilidad por lo que sucede en los centros carcelarios; no se podían interrumpir los protocolos”, explicó.
Buitrago describió la dificultad para llevar a cabo operativos de control en las cárceles, especialmente en aquellas donde se encontraban recluidos los capos que se presentaban como voceros de paz en el marco del proceso de diálogo con el gobierno de Petro. Señaló que estos operativos eran constantemente obstaculizados por mensajes que advertían sobre el posible daño a los procesos de paz y responsabilizaban a la ministra de Justicia por cualquier inconveniente.
“Metidas de manera diferente, esto significaba que cada vez que se hacía un operativo, cada vez que se hacía una diligencia para buscar elementos prohibidos, llegaba un mensaje en el que se decía que obviamente se iba a dañar un proceso de paz y que era responsabilidad de la ministra de entonces”, detalló.
La exministra aseguró que las pruebas y evidencias que respaldan sus advertencias fueron entregadas a las investigaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, las cuales están relacionadas con las actividades de la senadora Zuleta y las posibles omisiones de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Buitrago no especificó la naturaleza de los privilegios que se estarían otorgando a los capos en Itagüí, pero su testimonio sugiere que se les estaría permitiendo operar con mayor libertad dentro de la cárcel, lo que podría estar facilitando la continuación de sus actividades criminales. La situación plantea serias interrogantes sobre la independencia del sistema penitenciario y la influencia de actores externos en la gestión de las cárceles colombianas.
La revelación de Buitrago podría tener importantes implicaciones políticas y judiciales. La senadora Zuleta podría enfrentar investigaciones por presunta obstrucción a la justicia y abuso de poder, mientras que el gobierno de Petro podría verse presionado para tomar medidas más contundentes para garantizar la seguridad y el control en las cárceles del país.
El caso también pone de manifiesto las tensiones existentes entre el gobierno de Petro y algunos sectores políticos, especialmente aquellos que se oponen a su política de “paz total” con los grupos armados. La exministra Buitrago, al denunciar las injerencias de la senadora Zuleta, parece estar cuestionando la legitimidad de los procesos de diálogo que se están llevando a cabo con los capos de organizaciones criminales.
La situación en la cárcel de Itagüí y las acusaciones de la exministra Buitrago son un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el sistema penitenciario colombiano. Es fundamental garantizar que las cárceles sean espacios seguros y que los reclusos cumplan sus penas de acuerdo con la ley, sin que se les otorguen privilegios indebidos que puedan poner en riesgo la seguridad de la sociedad.
