La Policía boliviana arrestó ayer a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, en un operativo en Santa Cruz, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con daño económico al Estado. La detención, ordenada por la Fiscalía, se produce en el marco de una investigación que vincula a Arce Mosqueira con irregularidades en el sector petrolero, específicamente con la empresa Botrading, que se benefició de la extinta subvención a los combustibles.
El operativo, liderado por el comandante departamental de la Policía y en coordinación con la unidad anticorrupción, tuvo lugar en las inmediaciones del barrio Equipetrol. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, Arce Mosqueira intentó huir a bordo de un vehículo marca Ford cuando fue interceptado por los agentes alrededor de las 16:40. Previo a la captura, se realizó un allanamiento en el edificio Sky, donde se incautaron 16.500 dólares, 40.000 bolivianos, una camioneta y, de manera significativa, un casco de la estatal YPFB.
La posesión del casco de YPFB ha levantado sospechas entre los investigadores, quienes creen que Arce Mosqueira lo utilizaba para hacerse pasar por funcionario de la petrolera estatal y evitar ser identificado. Este detalle sugiere un intento deliberado de ocultar su identidad y facilitar sus actividades ilícitas.
Junto con Arce Mosqueira, fueron aprehendidas otras cuatro personas: Francisco P.R., Sergio S.B.B., Sergio R.F.M. y Sergio H.O. Todos fueron trasladados a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para ser interrogados. El caso está siendo investigado por fiscales especializados en delitos de corrupción.
El ministro Oviedo enfatizó que la detención responde a una instrucción directa del presidente Rodrigo Paz Pereira de desmantelar una “inmensa red de corrupción” que, según sus declaraciones, tenía como centro de operaciones la ciudad de Santa Cruz. Esta declaración sugiere que la investigación podría extenderse a otras personas y empresas involucradas en el esquema corrupto.
La historia de Luis Marcelo Arce Mosqueira no es nueva en el ámbito judicial. El año pasado, enfrentó un proceso por violencia familiar, iniciado por su expareja, aunque la denuncia fue posteriormente retirada. Sin embargo, su nombre ha estado vinculado en repetidas ocasiones a presuntas irregularidades en el sector hidrocarburífero, particularmente en operaciones relacionadas con YPFB y Botrading. También se le ha mencionado en investigaciones sobre tráfico de influencias y negociaciones personales con empresas extranjeras en el ámbito de la industrialización del litio, lo que amplía el espectro de las acusaciones en su contra.
La investigación no se limita a Marcelo Arce. Su hermano, Rafael Arce, también está siendo indagado por la adquisición de bienes de alto valor –inmuebles, predios y vehículos– sin un origen claro de los recursos utilizados. Además, se han detectado movimientos financieros considerados inusuales en sus cuentas. El caso del predio Adán y Eva es particularmente llamativo, ya que se investiga cómo Rafael y su hermana Camila accedieron a créditos por hasta 9,1 millones de dólares para adquirir el terreno, desmontarlo y utilizarlo para cultivos, en un contexto de restricciones por incendios forestales y cuestionamientos sobre la obtención de los permisos ambientales correspondientes.
Las autoridades no descartan que estas operaciones formen parte de un esquema más amplio de legitimación de ganancias ilícitas, lo que podría implicar a un mayor número de personas y empresas. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ha revelado que Marcelo Arce figura como propietario de 18 bienes inmuebles y 20 vehículos, lo que refuerza las sospechas sobre su patrimonio ilícito.
La captura de Arce Mosqueira ha generado un debate sobre las fallas del Estado durante el gobierno de su padre, Luis Arce. La oposición ha exigido una investigación exhaustiva y transparente para determinar el alcance de la corrupción y llevar a los responsables ante la justicia. El gobierno, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la corrupción y ha anunciado que no tolerará ningún acto de impunidad.
El detenido deberá comparecer ante un juez para responder a las acusaciones en su contra. Se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas pruebas y testimonios que puedan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Arce Mosqueira y otros implicados en el caso. La investigación continúa en curso y se prevé que arroje nuevos detalles sobre la presunta red de corrupción que operaba en el sector petrolero boliviano. La ciudadanía espera con atención los resultados de la investigación y la aplicación de la justicia en este caso de alto impacto. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar el buen manejo de los recursos públicos. Este caso representa un desafío para el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que ha prometido combatir la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública.
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