Marset: ¿Protección VIP y encubrimiento estatal? La trama se complica

El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha desatado una crisis institucional en Bolivia, con acusaciones cruzadas entre la Fiscalía y la Policía, y crecientes demandas de una investigación exhaustiva que alcance a exautoridades y funcionarios públicos. La captura de Marset en Santa Cruz, tras años operando en el país, ha revelado indicios de una posible red de protección de alto nivel, poniendo en tela de juicio la efectividad de los controles y la integridad de las instituciones bolivianas.

La disputa entre la Fiscalía y la Policía se centra en la responsabilidad del operativo del 13 de marzo, que culminó con la aprehensión de Marset. El fiscal general, Róger Mariaca, ha insistido en que la captura fue un “trabajo netamente de la Policía boliviana”, minimizando la participación del Ministerio Público. Sin embargo, el comandante de la Policía, Mirko Sokol, ha contradicho esta versión, afirmando que una fiscal ordenó no intervenir un inmueble vinculado a Marset, dispuso su precinto y no dejó custodia policial, lo que facilitó el ingreso de terceros y un posible saqueo de evidencias. “Este operativo estaba bajo la dirección funcional del Ministerio Público”, enfatizó Sokol, responsabilizando a la Fiscalía por la falta de seguridad en el predio. Mariaca, por su parte, ha negado cualquier vínculo entre el inmueble en cuestión y los bienes de Marset.

Esta controversia ha generado un clima de desconfianza y ha dificultado el avance de las investigaciones. La Fiscalía ha confirmado el secuestro de documentos, DVR con grabaciones y equipos informáticos en recientes allanamientos, elementos que se están analizando para identificar a posibles miembros de la red criminal de Marset. Sin embargo, la falta de coordinación y la disputa de atribuciones entre las instituciones encargadas de la investigación podrían obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la identificación de los responsables.

El Gobierno ha reaccionado a la crisis creando una unidad especializada para detectar el “blanqueo” de dinero, con el objetivo de desarticular las estructuras financieras de las organizaciones criminales. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, ha recordado que la investigación del caso recae en la Policía, pero ha reconocido la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevención del lavado de activos.

En el ámbito político, la oposición ha exigido una investigación exhaustiva que alcance a exautoridades y funcionarios que podrían haber facilitado la permanencia de Marset en el país. Los legisladores opositores han pedido activar alertas migratorias y establecer responsabilidades institucionales, señalando la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar que casos similares se repitan en el futuro.

La principal interrogante que persiste es cómo una estructura criminal de alcance internacional como la de Marset pudo operar durante años en Bolivia sin ser detectada o, en el peor de los casos, con la complicidad de funcionarios públicos. La respuesta a esta pregunta podría revelar una red de corrupción y encubrimiento que se extiende a las más altas esferas del poder.

La investigación del caso Marset ha trascendido las fronteras de Bolivia, con la coordinación de autoridades de Estados Unidos para desarticular la red criminal del narcotraficante. El Gobierno boliviano ha confirmado que está colaborando con las autoridades estadounidenses en el intercambio de información y la persecución de los miembros de la organización.

En los últimos días, se han producido nuevos aprehendidos vinculados al caso Marset, incluyendo a siete extranjeros acusados de tráfico de armas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha confirmado que las investigaciones continúan y que se espera que en los próximos días se produzcan más detenciones.

La revelación de que personal de la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) fue removido en Santa Cruz antes de la ejecución de la captura de Marset ha generado aún más sospechas sobre la posible existencia de una operación encubierta para proteger al narcotraficante. La Policía ha confirmado la remoción del personal, pero ha argumentado que se debió a motivos administrativos.

El caso Marset ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema de seguridad y justicia en Bolivia, y la necesidad de fortalecer las instituciones y mejorar los mecanismos de control para combatir el narcotráfico y la corrupción. La sociedad boliviana exige respuestas claras y contundentes, y espera que los responsables de este escándalo sean llevados ante la justicia.

Paralelamente, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ha revelado que Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, figura como propietario de 18 bienes inmuebles y 20 vehículos, lo que ha generado una ola de críticas y acusaciones de conflicto de interés. La UIF ha iniciado una investigación para determinar el origen de los fondos utilizados para la adquisición de estos bienes, y el Gobierno ha prometido transparencia y colaboración con las autoridades competentes.

En un contexto de creciente tensión política y social, el caso Marset y las acusaciones contra el hijo del presidente han exacerbado las divisiones y han puesto en riesgo la estabilidad del país. La oposición ha exigido la renuncia del presidente Arce y ha anunciado que presentará una denuncia formal ante la Asamblea Legislativa para iniciar un proceso de juicio político.

El Gobierno, por su parte, ha defendido la inocencia del presidente Arce y ha calificado las acusaciones como una campaña de desprestigio orquestada por la oposición. El viceministro de Régimen Interior ha afirmado que el Gobierno respeta la decisión de Chile de levantar las barreras en su frontera, pero ha advertido que no permitirá que el país se convierta en un corredor para el narcotráfico.

La situación en Bolivia es compleja y volátil, y el futuro del país es incierto. El caso Marset ha desatado una crisis institucional que podría tener consecuencias graves para la democracia y la estabilidad del país. La sociedad boliviana espera que las autoridades tomen medidas urgentes para resolver esta crisis y garantizar el estado de derecho.