El gobierno interino ha puesto en marcha una serie de modificaciones en la administración tributaria del país, diseñadas bajo una estrategia dual que busca, por un lado, reducir ciertas exigencias administrativas para las empresas y personas naturales y, por el otro, implementar herramientas tecnológicas avanzadas para detectar inconsistencias y actividades económicas no declaradas ante el fisco. Estas medidas impactan directamente tanto en la forma en que los contribuyentes cumplen sus obligaciones como en la capacidad de fiscalización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
El proceso de transformación tiene como eje central la digitalización del sistema. Esta tarea fue asignada a Román Maniglia tras su designación como superintendente del Seniat a principios de julio, anuncio realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Poco después de asumir el cargo, Maniglia sostuvo reuniones con representantes de gremios del sector privado, quienes plantearon la necesidad de una nueva arquitectura tributaria. Las demandas empresariales se centraron en la reducción de las cargas fiscales, una mayor armonización entre los tributos nacionales, regionales y municipales, y la creación de condiciones que incentiven la transición de la informalidad hacia la formalidad económica.
Como respuesta a estas solicitudes, las autoridades publicaron a mediados de octubre una providencia que marca un cambio significativo en la operatividad comercial: a partir de abril de 2027, se eliminará la obligatoriedad de utilizar máquinas fiscales. En su lugar, las empresas podrán optar por sistemas digitales o electrónicos, incluyendo los canales gratuitos proporcionados por el propio Seniat. Los talonarios impresos quedarán restringidos exclusivamente a situaciones de contingencia.
Esta medida responde a un contexto de alta presión tributaria. El sector privado ha denunciado que la acumulación de impuestos nacionales, tributos municipales y contribuciones parafiscales, sumada a los costos administrativos, reduce los márgenes de rentabilidad y limita la inversión. Al respecto, el especialista tributario Héctor Orochena estimó que para el año 2025 la carga fiscal podría representar entre el 60% y el 65% de las utilidades de una empresa, pudiendo ser mayor en sectores específicos. En este sentido, Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fedecámaras y expresidenta de Consecomercio, señaló que la adquisición y adaptación de máquinas fiscales puede costar entre 3.000 y 15.000 dólares, dependiendo del tamaño del negocio. Por lo tanto, eliminar este requisito facilita que los pequeños comercios informales se incorporen al registro fiscal.
Paralelamente a la simplificación administrativa, el gobierno ha fortalecido la vigilancia financiera. A principios de octubre, el Seniat y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) formalizaron un acuerdo para interconectar sus plataformas e intercambiar información con el sector financiero nacional. Este mecanismo permitirá al fisco contrastar los datos financieros de personas y empresas con sus declaraciones tributarias, facilitando la identificación de actividades comerciales no registradas o inconsistencias en los ingresos reportados.
En cuanto a las personas naturales, sus movimientos financieros también entrarán en este proceso de contraste, aunque aún no se han definido los criterios técnicos ni los procedimientos específicos de revisión. Sobre este punto, la agencia Bloomberg aclaró que el anuncio no implica que el Seniat tenga acceso irrestricto a todas las cuentas bancarias de los ciudadanos. No obstante, las personas naturales ya soportan la carga fiscal mediante el impuesto al valor agregado (IVA), con una alícuota general del 16%, y las obligaciones de trabajadores independientes. Además, se ha cuestionado el rezago de la unidad tributaria frente a la inflación, lo que provoca que personas con ingresos modestos enfrenten obligaciones fiscales que no reflejan su capacidad económica real.
Los resultados de estas políticas ya se reflejan en las cifras oficiales. El interinato reportó que la recaudación alcanzó en septiembre un total de 1.003.772 millones de bolívares. Delcy Rodríguez atribuyó un incremento del 27% en la recaudación tributaria precisamente a la implementación de la interconexión de datos.
Otra medida relevante es la reclasificación de contribuyentes. El Seniat anunció que más de 87.000 contribuyentes especiales pasarán a ser contribuyentes ordinarios tras la elevación de los umbrales económicos. Este cambio simplifica la gestión para estos usuarios, ya que dejan de ser agentes de retención del IVA para sus proveedores y se liberan del calendario particular de declaraciones y pagos, aunque mantienen la obligación de pagar los impuestos correspondientes.
En conclusión, mientras que estas acciones reducen barreras administrativas y costos operativos para el sector empresarial, expanden considerablemente el alcance fiscal del Estado. Sin embargo, el sector privado sostiene que estos ajustes son insuficientes y continúa demandando una reforma tributaria integral que revise profundamente las cargas fiscales y las condiciones operativas de los negocios en el país.
