Bruselas ha decidido dar un nuevo paso en su estrategia para gestionar el masivo volumen de mercancías que ingresan en las aduanas comunitarias. Con el objetivo de ordenar la avalancha de bultos —que se estima alcanzarán los 5.900 millones para finales de 2025—, la Unión Europea implementará una nueva medida económica. A partir del próximo domingo 1 de noviembre, se empezará a cobrar una tasa de dos euros por cada categoría de artículo que ingrese en el territorio desde terceros países.
Este nuevo canon, denominado oficialmente como "tasa de tramitación", no llega solo, sino que se suma a un arancel que ya entró en vigor el pasado 1 de julio. Aquella medida anterior establecía un cobro de tres euros por cada categoría de artículo en paquetes cuyo valor sea inferior o igual a 150 euros, siempre que hayan sido adquiridos en un país extracomunitario. Esta disposición afectaba principalmente a los envíos provenientes de China a través de plataformas de comercio electrónico muy populares como Temu, Shein o AliExpress. De hecho, las estimaciones de los despachos de Bruselas indican que hasta el 91% de los paquetes que se acumulan en las fronteras europeas proceden del gigante asiático.
La finalidad de esta nueva tasa de dos euros es, según la Unión Europea, cubrir los costes operativos derivados de los controles y el seguimiento en la gestión de los paquetes pequeños que provienen de fuera del mercado comunitario, aliviando así la carga de las autoridades aduaneras.
Para entender cómo se aplicará este cobro, es fundamental comprender el concepto de "subpartida arancelaria", que es el criterio utilizado para identificar la categoría del artículo. El cálculo del recargo dependerá estrictamente de la clasificación aduanera de los productos contenidos en el envío. Por ejemplo, si un consumidor recibe un paquete que contiene dos camisetas de algodón, una blusa de seda, un cargador de teléfono móvil y una peonza, se aplicarán dos euros por cada subpartida arancelaria diferente. En este escenario, aunque las camisetas y la blusa sean prendas de vestir, el algodón y la seda constan en subpartidas distintas. Al sumar la categoría de tecnología (cargador) y la de juguete (peonza), el recargo total por la tasa de tramitación ascendería a ocho euros. En contraste, si el pedido consistiera únicamente en siete rebecas de lana, el usuario solo pagaría dos euros, ya que se trata de una sola categoría y una única subpartida arancelaria.
La lógica de cobro de esta tasa de tramitación es idéntica a la del arancel de tres euros implementado en julio. Sin embargo, existe una diferencia crucial: mientras que el cargo de tres euros solo opera en paquetes de hasta 150 euros, la nueva tasa de dos euros se aplicará a todos los paquetes, independientemente del importe total de la compra.
Esto genera un escenario de costes acumulados para el consumidor. Por ejemplo, un pedido de 100 euros que contenga cuatro pantalones, una radio y una vela, sumaría primero 9 euros correspondientes al primer canon (tres categorías multiplicadas por tres euros). A partir del 1 de noviembre, a esa cantidad se le deberá añadir otro recargo de 6 euros por la tasa de tramitación (tres categorías multiplicadas por dos euros), resultando en un coste adicional total de 15 euros.
Ante esta situación, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha manifestado su preocupación. La organización advierte sobre la posibilidad de que las plataformas de venta online intenten trasladar estos costes directamente a los compradores durante las etapas finales del proceso de pago. La CECU subraya que esta práctica sería ilegal, ya que la legislación europea exige que el precio final total sea indicado desde el momento en que el comprador comienza a llenar su cesta de artículos.
Emily Riesco, portavoz de Comercio de la CECU, ha sido clara en un comunicado al asegurar que las personas consumidoras no deberían asumir el pago de esta nueva tasa de dos euros, puesto que la responsabilidad del pago debe recaer en las plataformas importadoras. Para garantizar el cumplimiento, la UE ha establecido sanciones severas: los operadores que incumplan la normativa podrían enfrentarse a multas de hasta el 6% del valor anual de sus importaciones del año anterior, además de perder privilegios aduaneros y sufrir restricciones de acceso a sus plataformas.
El contexto que impulsa estas medidas es el crecimiento exponencial del comercio electrónico transfronterizo. En 2024, el volumen de paquetes fuera del mercado comunitario que pasaron por las aduanas fue de 4.600 millones, cifra que se prevé suba a 5.900 millones para finales de 2025. Este incremento ha generado una presión insostenible sobre las autoridades aduaneras y ha aumentado los riesgos para los compradores.
Riesco ha señalado que, a pesar de los costes, esta tasa reforzará la capacidad aduanera para garantizar la seguridad de los consumidores. Los riesgos son considerables; pruebas realizadas a productos de Temu y Shein revelaron que el 69% de 162 artículos analizados (incluyendo joyas, juguetes y cargadores USB) no cumplían la normativa europea y resultaban peligrosos. En algunos análisis específicos de productos de Temu, el incumplimiento llegó hasta el 96%, con riesgos que van desde descargas eléctricas e incendios hasta la exposición a sustancias químicas tóxicas y peligros de asfixia.
