El Gobierno de Bolivia ha incluido recursos destinados al mantenimiento de la subvención a los carburantes en el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2027. Esta decisión ha generado interrogantes debido a que el Ejecutivo asumió previamente un compromiso formal ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para eliminar estas subvenciones durante el mismo año.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, fue el encargado de aclarar la situación durante una entrevista con el programa "Qué Semana". El funcionario explicó que la inclusión de estos recursos en el documento entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional responde estrictamente a la normativa legal vigente al momento de la formulación del presupuesto. Según Morales, la elaboración del PGE debe basarse en los datos y disposiciones actuales, y dado que existe un decreto supremo que establece la subvención, es una responsabilidad técnica contemplarla en la partida correspondiente.
De acuerdo con la información detallada por el Ministerio de Economía, el proyecto presupuestario prevé una asignación de aproximadamente Bs 11.000 millones para subvencionar los combustibles, abarcando tanto la gasolina como el Gas Natural Vehicular (GNV). No obstante, la autoridad enfatizó que la presencia de estos fondos en el presupuesto no garantiza que la medida permanezca vigente durante toda la gestión 2027, dejando abierta la posibilidad de realizar ajustes según las decisiones económicas que se adopten en el futuro.
Esta asignación presupuestaria contrasta directamente con los acuerdos establecidos en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado por Bolivia al FMI, marco vinculado a un programa de financiamiento de aproximadamente 1.900 millones de dólares. En el punto 13 de dicho documento, el Gobierno boliviano se comprometió explícitamente a eliminar las subvenciones a los combustibles en 2027. Asimismo, el acuerdo estipula que se deben aumentar los recursos para programas de asistencia social con el fin de proteger a los sectores más vulnerables de la población ante este ajuste.
El memorando del organismo internacional es tajante al señalar que el presupuesto de 2027 no debería utilizar recursos del Tesoro General de la Nación ni de las empresas públicas para financiar la subvención de carburantes. El objetivo fijado es que los precios internos alcancen niveles que permitan recuperar los costos operativos a partir de enero de la próxima gestión. Esta discrepancia entre el proyecto de presupuesto presentado al Legislativo y el programa económico acordado con el FMI plantea la duda sobre cómo el Ejecutivo compatibilizará ambas disposiciones.
Ante este escenario, el ministro Morales señaló que el Gobierno cuenta con mecanismos técnicos de presupuesto y tesorería que permiten ajustar los gastos sin la necesidad de presentar un presupuesto reformulado. Como ejemplo, mencionó que el PGE reformulado de 2026 tiene una meta de déficit fiscal del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), pero anticipó que el resultado real al cierre de la gestión será inferior. Morales explicó que, mientras el gasto se mantenga por debajo del techo establecido, el Estado puede moverse acorde a la coyuntura económica nacional sin inconvenientes.
Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, reforzó esta postura al señalar que los Bs 11.000 millones representan una previsión presupuestaria y no una decisión definitiva sobre la continuidad de la política de subvenciones. Hasta el momento, el Gobierno no ha confirmado una fecha exacta para la eliminación del subsidio ni ha anunciado un incremento en el precio de la gasolina.
En términos generales, el proyecto de PGE 2027 contempla un presupuesto consolidado de Bs 335.140 millones y un presupuesto agregado de Bs 411.244 millones. El objetivo central de esta planificación es reducir el déficit fiscal al 6,7% del PIB. Para lograrlo, el Gobierno planea disminuir el gasto corriente, revisar las inversiones públicas y generar mayores ingresos a través de la comercialización de hidrocarburos. El ministro Morales aseguró que este ajuste busca eficiencia sin sacrificar la inversión pública ni los programas sociales.
Finalmente, el documento presupuestario destaca que los sectores agropecuario y de infraestructura serán los principales beneficiarios de la inversión pública en 2027. Además, el Gobierno ha manifestado su intención de incluir algunos acuerdos alcanzados con gobernadores dentro de este presupuesto. A pesar de estas prioridades, la definición sobre la subvención a los combustibles sigue siendo uno de los temas más críticos por su impacto fiscal y su potencial efecto en el transporte y el costo de vida de los consumidores.
