El Gobierno ha presentado una propuesta legislativa denominada ‘Ley de Rescate Económico’, la cual plantea modificaciones significativas en el régimen de impuesto de renta para las personas naturales. De ser aprobada por el Congreso, esta iniciativa no solo alteraría las tarifas aplicables, sino que ampliaría la base de contribuyentes, lo que implicaría que un mayor número de asalariados y ciudadanos deban pagar este tributo.
Uno de los cambios más impactantes se centra en el umbral de ingresos a partir del cual se comienza a cobrar el impuesto. Actualmente, este punto de partida se sitúa en los 4,8 millones de pesos mensuales. Sin embargo, la propuesta del Gobierno busca bajar este nivel a 3,1 millones de pesos mensuales. Este ajuste significa que aquellos contribuyentes que hoy tienen una base gravable ubicada entre los 3,1 y los 4,8 millones de pesos, y que hasta ahora no pagaban impuesto, pasarían a un nuevo tramo con una tarifa del 9%. Es fundamental precisar que, al tratarse de tarifas marginales, este porcentaje no se aplicaría sobre la totalidad del ingreso, sino únicamente sobre la fracción que supere el monto establecido.
En cuanto a los tramos intermedios, el proyecto de ley mantiene las tarifas actuales. De esta manera, quienes posean una base gravable entre 4,8 millones y 7,4 millones de pesos mensuales seguirán sujetos a una tarifa del 19%. Para aquellos con ingresos entre 7,4 millones y 17,9 millones, la tarifa se mantendrá en el 28%, mientras que el rango comprendido entre 17,9 millones y 37,8 millones de pesos continuará con una tarifa del 33%.
No obstante, se prevé un cambio drástico en la tarifa marginal máxima. En el sistema actual, la tarifa del 39% se aplica a partir de los 135,3 millones de pesos mensuales. La propuesta plantea que este tope del 39% comience a aplicarse mucho antes, específicamente desde los 37,8 millones de pesos. Julio Toro, socio de Toro Asociados, explicó que esto conlleva a la desaparición de los rangos previos del 35% y 37%, unificando a los contribuyentes de mayores ingresos bajo la tarifa máxima del 39%, lo que resultaría en un impuesto superior para este grupo.
Héctor Ramírez, socio del área tributaria de PPU, señaló que el efecto práctico de la reforma es doble: se reduce el nivel de ingresos para empezar a pagar y, simultáneamente, se disminuyen las cantidades que los contribuyentes pueden restar de la base gravable. Esto conlleva a que más personas deban pagar renta y que algunos de los que ya lo hacen enfrenten tarifas efectivas más altas. Sin embargo, Ramírez aclaró que el hecho de declarar no implica necesariamente pagar; aquellos que, tras realizar las deducciones permitidas, tengan una base gravable de hasta aproximadamente 38 millones de pesos anuales, seguirían pagando cero.
La propuesta también afecta las rentas exentas y deducciones. Si bien no se eliminaría la renta exenta del 25% sobre los ingresos laborales, se reduciría su límite, pasando de 790 UVT a 630 UVT. Según Toro, esto representaría una disminución en el monto exento, que pasaría de aproximadamente 41 millones de pesos anuales a unos 33 millones. Asimismo, se plantea reducir el techo global de rentas exentas y deducciones. Actualmente, estas no pueden superar el 40% de los ingresos con un límite mensual de 5,8 millones de pesos (lo que puede llegar a ser 70 millones anuales para quien gana 1.000 millones). Con la reforma, ese tope máximo disminuiría a 61 millones de pesos.
En relación con los dependientes económicos, la propuesta mantiene el beneficio del artículo 387 del Estatuto Tributario, que permite una deducción del 10% con un límite de 1,67 millones de pesos mensuales. No obstante, se plantea eliminar el segundo beneficio introducido por la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, el cual permitía deducir 314.244 pesos mensuales por cada dependiente, hasta un máximo de cuatro.
Finalmente, es importante destacar que el proyecto no modifica los requisitos actuales para presentar la declaración de renta. Seguirán obligados a declarar quienes superen los topes de patrimonio bruto superior a 236 millones de pesos, ingresos brutos mayores a 73 millones de pesos, o cuyos consumos, consignaciones o compras con tarjeta de crédito superen los 73 millones de pesos. Según el texto, la reducción empezaría en el año gravable 2027, con una tarifa del 33%.
