La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, mediante un proceso de dispensa de trámite y sin someter la medida a discusión, el refuerzo presupuestario de 100 millones de dólares destinados a diversas instituciones del Estado. Estos fondos, previstos para ser ejecutados durante el último trimestre del año 2026, han sido etiquetados por el Gobierno como recursos para atender "obligaciones estratégicas y prioritarias".
La celeridad de la aprobación y la falta de análisis previo en las comisiones legislativas generaron la reacción del diputado de ARENA, Francisco Lira, quien cuestionó la necesidad de realizar estos refuerzos presupuestarios en una etapa tan avanzada del año. El legislador enfatizó que su postura no es de oposición a la inversión en sectores críticos como la salud o los hospitales, sino que su crítica se centra en la opacidad del proceso y el origen de los fondos.
Lira señaló específicamente que los 100 millones de dólares provienen de deuda externa y fueron aprobados sin que existiera un análisis detallado ni una discusión abierta en el seno de las comisiones legislativas. En este sentido, el diputado instó a que se brinden explicaciones sobre la planificación financiera del Gobierno, argumentando que la Asamblea no puede limitarse a "apretar un botón" para aprobar sumas millonarias sin fiscalizar su destino final.
Uno de los puntos más críticos señalados por el diputado fue la asignación de recursos para el sector salud. El Gobierno ha destinado 30 millones de dólares al Ramo de Hacienda para la Red Nacional de Hospitales, con el fin de financiar "compromisos urgentes" relacionados con la adquisición de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos médicos, material de laboratorio y servicios de apoyo institucional. Adicionalmente, el Ministerio de Salud recibió un refuerzo de 17 millones de dólares, de los cuales 7 millones se destinan a funcionamiento y medicamentos, mientras que 10 millones se asignan al programa Doctor SV.
Ante estas cifras, Francisco Lira cuestionó la gestión de los primeros diez meses de 2026, preguntando qué ocurrió con el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos y cuántos ciudadanos tuvieron que costear sus propios fármacos debido a las carencias del sistema.
El legislador también puso en duda los criterios de prioridad del Ejecutivo al analizar la distribución de los fondos en el sector agropecuario. Al Ministerio de Agricultura y Ganadería se le asignaron 7.87 millones de dólares. De este monto, 6.43 millones fueron destinados al Hospital Veterinario Chivo Pets, mientras que únicamente 750,000 dólares se asignaron para la compra de semilla de maíz y frijol, y 685,000 dólares para infraestructura y gastos operativos. Lira contrastó estas cifras mencionando que los agricultores salvadoreños enfrentan las consecuencias de la sequía y requieren apoyo urgente para recuperar sus cultivos.
El resto de la distribución presupuestaria se desglosa de la siguiente manera: 25 millones de dólares para Obras Públicas y Transporte, distribuidos en 20 millones para proyectos estratégicos y 5 millones para la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos. El sector turismo recibió 4.06 millones de dólares, divididos entre funcionamiento y eventos turísticos (1.86 millones) y la Corporación Salvadoreña de Turismo (2.2 millones) para publicidad, promoción y eventos deportivos.
Asimismo, se asignaron 7 millones de dólares al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para gastos operativos, 5 millones al Ministerio de Cultura para la operatividad de BINAES, la Banda El Salvador, la Escuela Nacional de Música y la readecuación del ex Zoológico Nacional. El Ministerio de Economía recibió 2.7 millones para inversiones e innovación, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 1.2 millones para funcionamiento, y el Instituto de Acceso a la Información Pública 160,000 dólares para gastos operativos.
Finalmente, se detalló que los fondos provienen de un préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), específicamente bajo la operación denominada “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes”. El diputado Lira concluyó que es imperativo exigir transparencia y rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria y la planificación anual para evitar improvisaciones con los recursos del Estado.
