El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas ha actualizado su registro al 23 de octubre, revelando una situación crítica en la región oriental de Nicaragua. Según los datos proporcionados, se contabilizan 20 indígenas y habitantes de la Costa Caribe encarcelados por motivos políticos. Este grupo, que incluye a autoridades comunitarias, guardabosques y defensores territoriales, representa el 27.8% del total de las 72 personas registradas como presas políticas en el país.
De acuerdo con información difundida por Diario La Prensa, diversas organizaciones indígenas vinculan estas detenciones directamente con la disputa por la propiedad de las tierras comunales, la gestión de los recursos naturales y la defensa de la autonomía regional. En este contexto, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) ha puesto especial énfasis en la zona de la Reserva de Biosfera de Bosawas, señalando que 11 de las personas privadas de libertad pertenecen al territorio Mayangna Sauni As.
El GREX ha advertido que la cifra oficial podría ser mayor, ya que al menos dos casos adicionales no han sido incluidos en el registro público debido a que las familias implicadas han optado por mantener silencio. Para la organización, este clima de temor favorece la inmovilización de las comunidades, facilitando que se lleven a cabo invasiones y despojos territoriales sin que existan denuncias efectivas. En sus declaraciones, el GREX sostuvo que el volumen de prisioneros originarios del Caribe evidencia una estrategia de ofensiva destinada a la desarticulación y al control social de las poblaciones indígenas de la zona.
Por su parte, el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) ha descrito esta represión como parte de un conflicto persistente por el control político de la región, sus recursos y sus formas de gobierno autónomo. El organismo denuncia que persiste una visión centralista que considera a la Costa Caribe como un espacio disponible para la explotación económica, ignorando los derechos históricos de los habitantes y la existencia legal de tierras de propiedad comunal y autoridades propias.
OPIA indica que los intereses económicos y las actividades extractivas han profundizado los conflictos con las comunidades que intentan proteger sus territorios frente a las invasiones. El observatorio subraya que la persecución no sigue un único perfil, sino que alcanza a cualquier persona que participe en la protección territorial, ejerza cargos comunitarios o denuncie afectaciones a las propiedades comunales. Como ejemplo, citaron el caso de Steadman Fagoth, quien fue detenido tras denunciar invasiones de tierras indígenas mientras se desempeñaba como asesor presidencial, lo que demuestra que la represión trasciende la militancia partidaria y afecta a quienes realizan tareas de representación comunitaria y protección ambiental.
Asimismo, el observatorio vinculó la situación actual con el debilitamiento de la organización política indígena independiente. Mencionaron específicamente la trayectoria de Yatama como una fuerza con gran capacidad de convocatoria y competencia electoral en la región. Según OPIA, la cancelación de esta organización y el encarcelamiento de sus dirigentes han reducido drásticamente los espacios de representación política para los pueblos indígenas, afectando su capacidad de participar en decisiones sobre sus tierras y recursos.
Un punto particularmente grave señalado por el GREX es la situación de siete familiares y allegados del dirigente miskito Brooklyn Rivera, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia del régimen. Estas personas fueron arrestadas en el momento en que intentaban reclamar el cuerpo de Rivera. El GREX considera que estas detenciones fueron utilizadas como una advertencia para la población miskita, reforzando el silencio frente a los abusos. OPIA añadió que impedir que Rivera fuera sepultado en su propio territorio afectó la memoria colectiva del pueblo miskito debido a su trayectoria en el movimiento autonómico.
En un panorama más amplio, el mecanismo de registro reportó que existen 33 personas en condición de desaparición forzada, sobre quienes no hay información oficial verificable. El registro también destaca la vulnerabilidad de ciertos grupos, identificando a 16 adultos mayores (ocho de ellos desaparecidos) y dos menores de edad entre los presos políticos.
Finalmente, el organismo alertó sobre las deplorables condiciones en los centros de detención, citando la existencia de enfermedades graves, restricciones severas al acceso médico, suministro de alimentos en mal estado, agua no apta para el consumo, aislamiento y la aplicación de castigos. Ante esto, se ha exigido la excarcelación inmediata de todos los presos políticos, la presentación de pruebas de vida para los desaparecidos y la implementación de medidas urgentes para proteger la integridad y salud de los detenidos. El documento concluye aclarando que la lista refleja los casos identificados, pero no necesariamente la totalidad de las detenciones políticas en Nicaragua.
