El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció durante un consejo de seguridad llevado a cabo este miércoles 28 de octubre en la capital del país, la necesidad de implementar un proceso de militarización en puntos estratégicos de Bogotá. Esta medida surge como una respuesta directa a la expansión de redes delictivas y grupos armados que, según informes de inteligencia de las autoridades, han ido tomando control de diversos territorios en la ciudad.
El jefe de Estado fue enfático al señalar que el control militar debe priorizarse en zonas críticas, específicamente en el Sumapaz y en el corredor que conecta a Usme con Sumapaz. El objetivo primordial de este despliegue es contener el avance de las estructuras criminales que amenazan la seguridad de la capital. De La Espriella lamentó que, a pesar de que los problemas de seguridad en Bogotá son de conocimiento público, históricamente no ha existido una voluntad política o un liderazgo que se haya atrevido a resolverlos de fondo.
Estos anuncios se dieron en el marco de los resultados de la denominada "Operación Kratos", una ofensiva ejecutada en las primeras horas de este miércoles. El mandatario reportó un balance operativo significativo que incluye la captura de 173 personas, la ejecución de más de cien allanamientos simultáneos en diversos puntos de la ciudad y la neutralización de un presunto criminal. Entre los resultados más destacados de esta operación, el presidente confirmó la muerte de alias "Andresito", quien era señalado como el jefe de sicarios de la organización criminal conocida como "Los Ingenieros".
Respecto a la Operación Kratos, el presidente De La Espriella la calificó como "un golpe nunca antes visto en Bogotá", atribuyendo este éxito a la articulación efectiva entre la Fuerza Pública, la administración distrital y la Presidencia de la República. El mandatario describió a Bogotá como "una especie de laboratorio de toda Colombia", argumentando que en la capital confluyen, se duplican y se magnifican todas las problemáticas del país debido a sus dimensiones y naturaleza.
En cuanto a las estructuras criminales identificadas, el Gobierno Nacional ha puesto el foco en grupos como el Tren de Aragua, el ELN, El Mesa y Los Ingenieros, siendo estos últimos los principales afectados por la reciente operación. El presidente advirtió que la presencia de estas organizaciones representa riesgos considerables para la estabilidad y la seguridad de los habitantes de la ciudad.
Un punto central del discurso presidencial fue la situación migratoria y su vínculo con la criminalidad. El mandatario ordenó de manera tajante la deportación de ciudadanos venezolanos que delinquan o que presenten anotaciones judiciales en la capital. Para respaldar su postura, De La Espriella expuso cifras oficiales indicando que en Bogotá residen 630.119 venezolanos, de los cuales 148.955 se encuentran en condición irregular. Ante este panorama, instó a la Fuerza Pública a actuar sin titubeos en la aplicación de las decisiones propuestas, asegurando que quienes estén delinquiendo serán deportados sin dilación alguna.
Además de las medidas internas en la ciudad, el presidente reveló el diseño de estrategias para blindar la seguridad y la movilidad regional. Estas acciones buscan controlar los corredores que unen a Bogotá con Soacha y la Sabana. Para lograrlo, solicitó una articulación formal entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de ejecutar operaciones conjuntas que frenen la movilidad del crimen organizado en la región.
El presidente también destacó la mejora en la relación operativa con el actual gobierno distrital liderado por el alcalde Galán, contrastando estos resultados con las dificultades experimentadas durante la administración anterior. Como mecanismo de seguimiento, De La Espriella anunció que se llevará a cabo un consejo de seguridad mensual en la capital para evaluar las medidas adoptadas y medir sus resultados reales.
Finalmente, el contexto de estas decisiones se enmarca en una creciente presión ciudadana. Desde el mes de agosto, la Registraduría Nacional certificó más de 37.000 firmas válidas para impulsar un cabildo abierto en el Concejo de Bogotá. Este mecanismo busca debatir los límites operativos de la fuerza pública y analizar la viabilidad y los desafíos de la militarización de la capital frente al crimen organizado.
