Una profunda división estratégica ha emergido en el corazón del oficialismo republicano más cercano al Presidente José Antonio Kast, generando un impasse en la definición del alineamiento geopolítico de Chile con Estados Unidos y la agenda de seguridad nacional. Esta fricción interna ha tenido consecuencias concretas, motivando la postergación de la firma del pacto sobre cárteles y manteniendo en discusión recurrente el rol del país en el denominado Escudo de las Américas.
El conflicto se ha manifestado con claridad en reuniones sostenidas en La Moneda, donde las diferencias entre el ministro de Defensa, Fernando Barros, y la dupla conformada por el asesor internacional Eitan Bloch y el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, se han vuelto insalvables. El punto central de la disputa es el enfoque estratégico que Chile debe adoptar frente a las presiones provenientes de Washington para incorporar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado transnacional.
En este escenario, se enfrentan dos visiones contrapuestas que reflejan, según fuentes del oficialismo, la coexistencia de "dos almas" dentro de la derecha chilena respecto a la influencia internacional en el Cono Sur. Por un lado, el ministro Fernando Barros defiende una postura restrictiva sobre el uso de las capacidades militares en tareas de seguridad pública, priorizando el resguardo de la soberanía y el respeto al marco constitucional. Barros, reconocido por su capacidad de diálogo transversal en el Congreso para impulsar agendas de seguridad, ha manifestado reparos frente a una alineación automática con Estados Unidos y el respaldo a declaraciones unilaterales emitidas desde Washington.
En el polo opuesto se encuentra la alianza consolidada entre Eitan Bloch e Irarrázaval. Bloch, de nacionalidad argentina y experto en seguridad con estrechos vínculos con el lobby judío en Estados Unidos, mantiene un perfil orientado a labores de inteligencia y ha colaborado activamente en la agenda internacional del Presidente Kast. Esta dupla impulsa una integración más directa con las iniciativas de Washington, el Comando Sur y las políticas regionales diseñadas para contener la expansión de los cárteles, argumentando que el margen de maniobra regional es escaso.
La pugna entre estas visiones ha derivado en la decisión del Gobierno de postergar la adhesión formal de Chile a la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), iniciativa impulsada por Donald Trump. En este contexto, el Presidente Kast optó por enviar al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a la reunión de la A3C en República Dominicana, reemplazando al ministro Barros, quien había representado al país en una cita previa en Panamá.
El envío de Pavez ha generado diversas interrogantes, especialmente debido a la instrucción de comunicar que Chile participa únicamente en calidad de "observador". Esta fórmula, que La Moneda presenta como un punto intermedio para recabar información y revisar antecedentes antes de una definición formal, ha sido cuestionada por una alta fuente diplomática. Según este fuente, la categoría de "observador" no existe formalmente dentro de los documentos de la A3C, lo que plantea la duda de si se trata de una descripción interna del Gobierno chileno o de una condición reconocida por los organizadores del pacto.
Esta distinción es crítica, ya que de ella depende el acceso a información sensible, la participación en grupos de trabajo y el peso de Chile en futuras decisiones operativas. Anteriormente, durante el foro de la A3C en Panamá, el ministro Barros ya había enfatizado que cualquier acción u operación debería contar con la autorización de los países involucrados y basarse en acuerdos consensuados entre sus integrantes.
Desde el exterior del gabinete, el exministro de Defensa José Antonio Gómez ha corroborado la existencia de esta disputa interna, señalando que Barros no estaría de acuerdo con incorporarse al sistema debido a las implicancias operativas que el acuerdo podría conllevar. Para Gómez, mantener una posición de observación resulta prudente dada la naturaleza del compromiso. Mientras tanto, en el Edificio Carrera se comenta la ausencia de los secretarios de Estado en la cita de Santo Domingo, mientras se analiza si el ministro de Defensa posee el respaldo suficiente dentro del gabinete para mantener su distancia frente a las propuestas de la administración de Trump.
