La senadora Zenaida Delgado ha salido al frente para desmentir categóricamente las denuncias que pesan sobre su gestión en la Cámara Alta, específicamente aquellas relacionadas con presuntos cobros indebidos y exigencias de dinero a funcionarias que se desempeñan en su despacho. La parlamentaria negó cualquier participación en estas irregularidades y trasladó la responsabilidad total de los hechos a su expareja, Gustavo Vera Santander.
Según las declaraciones de la legisladora, Vera Santander no solo mantenía una relación sentimental con ella, sino que ejercía un control exhaustivo sobre sus herramientas de comunicación y sus finanzas personales. Delgado afirmó que su expareja manejaba su teléfono celular, tenía acceso a todas sus contraseñas y conocía su PIN de seguridad, además de administrar su cuenta corriente. Ante esto, la senadora sostuvo que los mensajes que han sido difundidos y que sirven de base para las denuncias son antiguos y datan de una época en la que Vera Santander tenía el control absoluto de sus dispositivos y cuentas.
En un punto crítico de su descargo, la senadora señaló que la difusión de estas comunicaciones no es casual, sino que responde a una estrategia de represalia. Según explicó, Vera Santander habría decidido filtrar dicha información luego de que diversos familiares de él dejaran de trabajar en la oficina de la senadora, lo que habría motivado un conflicto personal que ahora se traslada al ámbito público y judicial.
La influencia de Gustavo Vera Santander en el entorno legislativo fue otro de los puntos destacados por la parlamentaria. Delgado reveló que su expareja utilizaba el teléfono de la senadora para establecer contactos y comunicarse directamente con ministros y otras figuras prominentes del Estado. De acuerdo con el relato de la legisladora, Vera Santander era ampliamente reconocido en los pasillos del Congreso bajo el apodo de el “senador 46”, una referencia a la influencia y el poder que ejercía en la institución, a pesar de no ostentar el cargo formalmente.
Más allá de las irregularidades administrativas, la senadora denunció una situación de coacción y violencia psicológica. Aseguró que ha sido víctima de presiones y amenazas coordinadas por Vera Santander, quien presuntamente habría utilizado a integrantes de su propio entorno familiar, incluida la hija de la senadora, para ejercer presión sobre ella. Delgado confesó que, en el pasado, llegó a retirar denuncias judiciales contra su expareja debido al temor fundado de que las amenazas se concretaran.
En un testimonio estremecedor, la legisladora manifestó que actualmente teme la difusión de un video de contenido íntimo. Según afirmó, dicho material fue grabado sin su autorización y es utilizado como una herramienta de chantaje y presión en su contra.
En cuanto a la gestión del personal en su despacho, la senadora aclaró que la responsabilidad de las contrataciones recaía en Vera Santander. Delgado sostuvo que su expareja fue quien decidió la incorporación de aproximadamente 20 funcionarios a su equipo de trabajo. La senadora explicó que el mecanismo operaba de manera vertical: Vera Santander le indicaba quiénes debían ser contratados y ella se limitaba a firmar los documentos correspondientes, confiando en la gestión de su entonces pareja.
Respecto a las transferencias bancarias realizadas por algunas funcionarias hacia su persona, que forman parte de las sospechas de cobros indebidos, Zenaida Delgado ofreció una explicación distinta. Sostuvo que dichos movimientos de dinero no eran pagos irregulares ni retornos, sino que correspondían a la devolución de préstamos personales. Asimismo, indicó que algunas de estas operaciones se dieron en el marco de créditos bancarios en los que ella actuó como codeudora para facilitar que las funcionarias pudieran acceder a dichos financiamientos.
Finalmente, la senadora expresó su malestar con el proceso legal en curso, cuestionando el hecho de que, hasta el momento, no se le haya brindado la oportunidad formal de presentar su descargo ante la Fiscalía, lo que considera una vulneración a su derecho de defensa frente a las graves acusaciones que enfrenta.
