Un juez federal ha denegado la solicitud del Departamento de Justicia para intervenir en el proceso de recuento de los votos emitidos por correo en el estado de California. El magistrado David O. Carter, perteneciente al Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California, advirtió que la petición del Gobierno de Trump de separar 20.000 papeletas con el fin de verificar la ciudadanía de los votantes representaría un riesgo significativo, afirmando que dicha medida “causaría estragos y alteraría unas elecciones que ya están en marcha”.
En su resolución, el juez Carter sostuvo que el intento del Gobierno de cuestionar la ciudadanía de miles de votantes en el estado vulneraría el derecho de California a organizar sus propios procesos electorales. Asimismo, el magistrado señaló que acceder a tal petición pondría en peligro décadas de protecciones establecidas para salvaguardar los derechos civiles y el derecho al voto.
La demanda de emergencia presentada por el Departamento de Justicia se fundamentaba en una lista de votantes de California que, según la entidad, había sido adquirida y cotejada con otros datos gubernamentales. Sin embargo, el juez Carter fue tajante al referirse a la base de dicha solicitud, escribiendo que no se debe privar de un derecho fundamental a personas que han cumplido con los requisitos de las leyes de registro de votantes de California basándose únicamente en “acusaciones infundadas derivadas de un procedimiento plagado de incertidumbre y errores”.
El juez, quien fue nombrado durante la administración de Bill Clinton, detalló además que la solicitud del Gobierno generaría un “efecto disuasorio” que afectaría tanto a los ciudadanos votantes como a los trabajadores electorales, resultando en la desestimación de los votos de ciudadanos estadounidenses.
Desde una perspectiva legal, el juez Carter, en una orden de 26 páginas emitida tras una extensa audiencia, subrayó que el Departamento de Justicia ya dispone de herramientas legales propias para combatir el fraude electoral. Específicamente, señaló que el gobierno federal puede procesar a personas no ciudadanas que sean acusadas de votar ilegalmente sin necesidad de interrumpir el recuento estatal. El magistrado cuestionó que Estados Unidos no hubiera explicado por qué el hecho de que los demandados continúen contando los votos perjudicaría cualquier procesamiento actual o futuro por voto ilegal, añadiendo que la aplicación de la ley federal es responsabilidad del gobierno federal y que la participación del estado en ello no influye en la asignación de recursos o funcionarios federales.
El contexto de esta disputa se enmarca en un plan del gobierno que, durante meses, anticipó la elaboración de listas de personas presuntamente registradas ilegalmente para votar. Estas listas, creadas mediante programas federales de cotejo de datos, serían entregadas a los funcionarios electorales bajo amenazas de procesamiento u otras acciones legales si no se tomaban las medidas adecuadas. Esta estrategia no ha sido exclusiva de California; el Departamento de Justicia ha entregado una lista similar a las autoridades del estado de Washington y ha realizado afirmaciones sobre personas no ciudadanas registradas en otros tres estados gobernados por demócratas.
En el caso específico de California, la administración ha mantenido en secreto los detalles sobre el análisis del padrón electoral. No obstante, en julio, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que 190.000 votantes registrados en el estado podrían ser extranjeros no elegibles. La demanda se presentó después de que la agencia entregara a los funcionarios electorales una lista de 20.000 coincidencias consideradas de “alta fiabilidad” a través de una memoria USB, cuya contraseña estaba escrita a mano en una nota adhesiva, otorgando al estado un plazo de apenas 48 horas para actuar sobre la información.
Al realizar un análisis preliminar de dicha lista, los funcionarios electorales locales descubrieron inconsistencias significativas. Se detectó que una parte considerable de los nombres no figura en los registros oficiales o se encuentra en estado suspendido, lo que implica que esas personas no habrían recibido una boleta electoral por correo. Además, se hallaron indicios de que algunas de las personas identificadas por el Departamento de Justicia como probables no ciudadanas nacieron, en realidad, en Estados Unidos, aunque el Departamento de Seguridad Nacional refutó este punto en sus declaraciones ante el tribunal.
Finalmente, se espera que el Departamento de Justicia apele esta decisión. Cabe destacar que un intento previo de la entidad por eludir el tribunal de Carter para obtener una revisión de apelación del caso fracasó a principios de esta semana. Este caso ha sido visto por expertos en derecho electoral como una prueba sobre el alcance de las facultades del Departamento de Justicia para impugnar o perturbar el proceso de recuento de votos de un estado.
