La Policía Federal de Brasil ha ejecutado la denominada "Operación Tomada de Cuentas", que ha resultado en la detención preventiva de Sérgio Ricardo de Almeida, presidente del Tribunal de Cuentas de Mato Grosso (TCE-MT). La investigación se centra en un complejo esquema de desvío de recursos públicos dentro de la institución, donde se han identificado movimientos financieros altamente irregulares durante el año 2025.
Según los informes de la Policía Federal, se detectaron 150 retiros de dinero en efectivo que suman un total de 15,6 millones de reales desde las cuentas bancarias del consejero Almeida, realizados entre enero y octubre de 2025. Esta información fue detallada en la decisión del ministro Og Fernandes, del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien autorizó la prisión preventiva del funcionario.
El desglose de los retiros revela una modalidad operativa específica: de los 150 saques identificados, 64 se realizaron directamente en ventanilla, acumulando la cifra de 15.474.500 reales, mientras que los 86 restantes se efectuaron a través de terminales de autoservicio. En conjunto, el monto total retirado asciende a 15.645.500 reales.
Paralelamente, las investigaciones señalan que, en el mismo periodo, Sérgio Ricardo recibió 15.442.211,65 reales distribuidos en 101 lanzamientos bancarios. De esta cantidad, 10,7 millones de reales fueron transferidos mediante órdenes bancarias avulsas y 4,3 millones fueron clasificados como pagos a proveedores. Una suma menor, de 304.900 reales, fue registrada formalmente como salario.
La gravedad del caso se acentúa al contrastar estas cifras con los registros oficiales. A pesar de los millones de reales movimentados, el Portal de Transparencia del TCE-MT solo registró 288.501,05 reales como pagos realizados al consejero. Esta enorme discrepancia alertó a los investigadores, quienes descubrieron que se realizaban pagos directamente desde las cuentas del Tribunal que no figuraban en los registros oficiales de remuneración.
Además, los informes de inteligencia financiera revelaron que los retiros se realizaban en montos inmediatamente inferiores a los límites que obligan a la comunicación automática al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), sugiriendo un intento deliberado de evadir la supervisión regulatoria.
La Policía Federal sostiene que Sérgio Ricardo actuaba como el líder de una estructura compuesta por operadores financieros, cuya función era convertir los recursos públicos retirados de las arcas del Tribunal en dinero en efectivo. El ministro Og Fernandes destacó que el consejero utilizaba su posición de mando y su influencia directa sobre los sectores administrativos responsables de los pagos para facilitar estas maniobras.
Como prueba fundamental, la investigación analizó imágenes de las cámaras de seguridad de una agencia del Sicoob ubicada dentro de las instalaciones del TCE-MT. Los registros muestran operaciones recurrentes de retiro y entrega de dinero que involucran a servidores de la institución, destacando especialmente a Roseli Loss, jefa de gabinete de Sérgio Ricardo desde enero de 2024, quien es señalada como una de las responsables de la movilización de los valores en especie.
Un dato relevante en la cronología de los hechos es que los retiros disminuyeron temporalmente tras una diligencia policial el 14 de octubre de 2025. En esa fecha, el sistema de control de acceso del Tribunal detectó la presencia de agentes federales, y un agente encubierto llegó a ser abordado por la seguridad de la institución. Aunque el patrón de movimentaciones cambió brevemente tras este incidente, las operaciones sospechosas se reanudaron posteriormente.
La Operación Tomada de Cuentas, deflagrada este jueves 29, no solo investiga los saques, sino también irregularidades en contratos administrativos y pagos a servidores. La investigación comenzó tras una denuncia anónima sobre el favorecimiento de empresas contratadas. Se sospecha que ciertos contratos eran suspendidos oficialmente bajo el pretexto de contención de gastos, pero algunas empresas seguían recibiendo pagos e incluso aumentaban su facturación, condicionando la permanencia del contrato a la devolución de una parte de los valores a personas vinculadas a la Presidencia del Tribunal.
En total, la Policía Federal identificó movimentaciones sospechosas que suman 75,8 millones de reales entre enero y octubre de 2025. Además de Sérgio Ricardo y su jefa de gabinete, fueron arrestados Grhegory Paiva Pires Moreira Maia (consultor jurídico general del TCE), el servidor Adriangelo Barros Antunes y los abogados Felipe José Glinke y Gustavo Fernandes da Silva. Asimismo, se determinó el afastamiento de los consejeros Guilherme Maluf, Alisson Alencar y José Carlos Novelli, mientras que el consejero jubilado Valter Albano también figura como objetivo de la investigación.
