La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este jueves un balance detallado sobre las acciones de transformación política y económica que el gobierno está implementando en el país. Durante su intervención, la funcionaria destacó una serie de medidas orientadas a la recuperación del ingreso laboral, la flexibilización de restricciones informativas y una reestructuración profunda del sistema de justicia y el marco electoral.
En el ámbito económico, uno de los anuncios más relevantes fue el establecimiento de un cronograma de ajustes salariales para el año 2027. Rodríguez informó que el ingreso de los trabajadores venezolanos experimentará incrementos en cuatro momentos distintos a lo largo de dicho año. Según explicó la mandataria, este mecanismo no ha sido impuesto unilateralmente, sino que es el resultado de una mesa de diálogo tripartito en la que participan activamente el gobierno, el sector empresarial y los principales sindicatos del país.
Para garantizar que estos aumentos tengan un impacto real en el poder adquisitivo, la presidenta encargada precisó que los incrementos salariales estarán vinculados directamente a la actividad económica nacional. En este sentido, afirmó que en ningún caso las alzas podrán ser inferiores al crecimiento económico registrado en cada trimestre que preceda al ajuste, estableciendo así un vínculo técnico entre el desempeño del Producto Interno Bruto y el salario del trabajador.
En cuanto a las libertades políticas y el diálogo nacional, Delcy Rodríguez enfatizó que la Constitución de la República constituye el marco de actuación general para todas las instituciones. Como parte de estas garantías, informó que ha emitido instrucciones directas a los cuerpos de seguridad del Estado para asegurar que ninguna persona sea detenida sin una orden judicial previa, haciendo la única excepción en los casos donde se produzca una flagrante comisión de delito.
La funcionaria también abordó la gestión de la información, señalando que la búsqueda de entendimiento nacional requiere de la fluidez de datos veraces. Bajo esta premisa, aseguró que el gobierno continúa con el proceso de restablecimiento del acceso a diversos portales informativos que anteriormente se encontraban sujetos a medidas administrativas restrictivas.
Respecto al sistema judicial, Rodríguez recordó que ya en enero había solicitado una reestructuración integral de la justicia. En este sentido, destacó que se ha iniciado una consulta nacional con el objetivo de reformar la justicia penal, proceso que cuenta con la asistencia técnica de organismos internacionales, específicamente de la Unión Europea y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre las medidas de gracia, la mandataria brindó detalles sobre la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en febrero. Precisó que, tras la revisión de los expedientes, cerca de 9.000 ciudadanos resultaron beneficiados por esta ley, y más de 1.000 personas obtuvieron su libertad efectiva.
Simultáneamente, se planteó una revisión del marco legal sobre la convivencia ciudadana. La presidenta interina solicitó formalmente la reforma de la Ley contra el Odio, con la finalidad de suprimir las sanciones penales y reforzar el enfoque educativo de dicha normativa. Al respecto, informó que la Asamblea Nacional ya presentó la propuesta de reforma la semana pasada y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado la constitucionalidad del proyecto. Este proceso pasará ahora a una fase de consultas públicas antes de que los tribunales revisen las causas de quienes han sido procesados bajo el texto original.
En materia democrática, Rodríguez se refirió a la necesidad de reestructurar el Poder Electoral para asegurar que todos los sectores tengan garantías reales de participación. Al recordar sus declaraciones previas ante las Naciones Unidas, subrayó que la legalidad es el método que seguirá el país, asegurando que Venezuela no "saltará al vacío", sino que ampliará las leyes e instituciones existentes para optimizarlas.
Sobre el calendario electoral, la funcionaria insistió en que el país seguirá los procesos establecidos en la Constitución. Confirmó que se llevarán a cabo todas las elecciones mandadas por la Carta Magna, las cuales serán organizadas por una autoridad electoral renovada y contarán con la supervisión y el testimonio del mundo como testigo, mediante un sistema estructurado con garantías internacionales.
Finalmente, la presidenta encargada mostró sensibilidad ante las demandas sociales, reconociendo que la población prioriza el bienestar socioeconómico por encima de los debates institucionales. Rodríguez admitió que preocupaciones como el sistema eléctrico, los sueldos y la salud son las inquietudes primordiales de los ciudadanos, puntualizando que de poco sirve contar con mejores leyes e instituciones si los resultados no se traducen en una mejora concreta de la calidad de vida de los venezolanos.
