La aprobación de las recientes reformas al Código Penal y Procesal Penal por parte del Congreso Nacional de Honduras ha instaurado un cambio drástico en la operatividad y administración del sistema carcelario del país. La medida central de esta legislación es la clasificación oficial de las maras y pandillas como estructuras terroristas, una decisión que altera profundamente el destino procesal y la vida cotidiana de quienes sean imputados o sentenciados bajo esta categoría.
Este nuevo marco legal elimina la discrecionalidad que anteriormente poseían los jueces para decidir el destino de los imputados. Ahora, la ley decreta el ingreso obligatorio e inmediato de los miembros de estas estructuras a módulos de aislamiento severo, quedando bajo la custodia directa y exclusiva del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Esta transición busca asegurar que los procesados por terrorismo no ingresen a prisiones comunes, evitando así la posible reorganización de sus redes criminales desde el interior de los penales.
Durante la transmisión del foro "Frente a Frente" realizada este jueves 29 de octubre, diversas autoridades del INP detallaron la transformación interna que vivirán los centros penales. Entre los ponentes se encontraron el director nacional del INP, Walter Irán Amador Lacayo; el subdirector Edwin Jovel Galeas Oliva; el subdirector nacional de Inteligencia y Seguridad, Julio Edgardo Dubón Galindo; y el subdirector nacional de Gestión Penitenciaria, Adán Rodríguez Sierra. También participaron José Lisandro Sánchez Oliva, secretario general del INP, y Claudia Suyapa Ardón Girón, subdirectora nacional de desarrollo institucional.
El subdirector de Gestión Penitenciaria, Adán Rodríguez Sierra, fue el encargado de desglosar el impacto cotidiano que estas reformas imponen sobre los reclusos. Según explicó, el régimen de máxima seguridad es ahora mucho más rígido y cerrado, limitando al máximo la movilización de los internos. El protocolo diario establece que los prisioneros deberán permanecer 23 horas y media dentro de sus celdas, disponiendo únicamente de 30 minutos para realizar calistenia y recibir sol al aire libre.
En cuanto a la vestimenta y posesiones, se ha implementado el uso obligatorio de un uniforme compuesto por camiseta blanca, calzoneta negra y sandalias. Asimismo, queda estrictamente prohibida la tenencia de dinero en efectivo dentro de los módulos. Uno de los cambios más notables es la eliminación total de las visitas conyugales y la supresión de cualquier beneficio de preliberación o acortamiento de pena para quienes hayan sido procesados bajo la calificación de terrorismo.
Respecto a la comunicación con el exterior, las restricciones son severas. Los internos tendrán derecho a una sola llamada telefónica al mes, con una duración máxima de 10 minutos, la cual deberá realizarse hacia números que hayan sido previamente registrados y autorizados por las autoridades. En el ámbito económico, las familias de los reclusos podrán realizar depósitos electrónicos en los economatos, pero estos estarán sujetos a un límite máximo mensual de 5,000 lempiras.
Ante las preocupaciones manifestadas por abogados penalistas sobre la posible limitación al derecho de defensa, Rodríguez Sierra aclaró que los derechos fundamentales no han sido suspendidos, sino regulados bajo estrictos parámetros de seguridad. Las visitas legales se llevarán a cabo en auditorios equipados con divisiones de vidrio, donde el abogado o apoderado legal dispondrá de 15 minutos para interactuar con el privado de libertad.
Desde la perspectiva de inteligencia y seguridad, el coronel Julio Edgardo Dubón Galindo informó sobre los esfuerzos para erradicar las comunicaciones no autorizadas. Reveló que, en los últimos cuatro meses, se han decomisado entre 80 y 100 teléfonos celulares en diversos centros penales, destacando el hallazgo de cinco dispositivos satelitales en el penal de Ilama. Para combatir el ingreso de objetos prohibidos, el INP ha reforzado el uso de escáneres y tecnología de inhibición de señal.
Finalmente, Dubón Galindo mencionó el protocolo de calistenia aplicado en el penal de Támara, donde integrantes de la MS-13, la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo realizan acondicionamiento físico en el patio, bajo un riguroso control militar, antes de ser reintegrados a sus celdas individuales o pareadas. El desafío actual para las autoridades hondureñas radica en mantener esta firmeza operativa y recuperar el control territorial sin vulnerar las garantías procesales básicas ni afectar los programas de rehabilitación para los internos de mediana y mínima seguridad.
