Ministro de Justicia busca revertir rebajas de condena a abusadores y presentará proyecto de ley

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que se han ejecutado los 56 decretos que conceden rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos de abuso y violación de menores de edad. Estos beneficios fueron otorgados a condenados cuyos delitos fueron cometidos antes de que entrara en vigencia la reforma legal de febrero del año 2022. No obstante, el secretario de Estado admitió que no ha realizado una revisión individualizada de la situación actual de cada uno de los beneficiarios.

En una entrevista concedida este domingo al medio Estado Nacional, Rabat analizó la crisis que ha afectado a su cartera durante la última semana. El ministro describió el periodo como "complejo", señalando que se enfrenta a una dualidad de problemas: por un lado, aspectos técnico-jurídicos cuya explicación resulta dificultosa, y por otro, el impacto en las víctimas de delitos gravísimos, quienes, según sus palabras, no comprenderán las razones de orden técnico-jurídico detrás de estas decisiones.

Respecto a la situación procesal de los condenados, Rabat explicó que los 56 decretos ya están ejecutados. Detalló que este proceso ocurre una vez que la comisión entrega el sobresaliente, lo que produce la rebaja de la pena y tiene como consecuencia directa que la persona pueda recuperar su libertad antes del tiempo previsto originalmente en su sentencia. Al ser consultado sobre si todas estas personas se encuentran actualmente fuera de prisión, el ministro declaró que no se atrevía a dar una respuesta absoluta, aunque señaló que "lo más probable es que sí", reconociendo que no ha tenido el tiempo necesario para revisar cada caso particular.

Ante la controversia generada, el ministro informó que su cartera se encuentra estudiando dos vías posibles para revertir estas rebajas de condena, debido a la necesidad imperativa de dejarlas sin efecto. La primera opción es de carácter legislativo y ha sido planteada a través de una moción parlamentaria, entre otros, por la diputada Ossandón. Esta propuesta sugiere una modificación en el artículo 19 número 3, donde se regula la libertad personal, incorporando una norma transitoria a la Constitución que deje sin efecto estas resoluciones de pleno derecho.

La segunda alternativa que analiza el Ministerio de Justicia es la vía administrativa, la cual consistiría en revocar el acto administrativo respectivo. Rabat aseguró que se están ampliando los estudios sobre ambas situaciones para concretar el regreso a prisión de los beneficiarios, siempre y cuando se encuentre una solución jurídica viable que permita ejecutar dicha medida.

Durante la entrevista, Rabat defendió su decisión de modificar el criterio utilizado por administraciones anteriores para tramitar estas solicitudes. El ministro argumentó que su actuación se basó en la necesidad de cumplir con la ley y considerar los fallos de la Corte Suprema, la cual había acogido diversos recursos de amparo de personas que buscaban acceder a las rebajas. Rabat subrayó que, en más de 250 oportunidades, el máximo tribunal indicó a ministros de Justicia anteriores que habían privado de libertad a personas de manera ilegal.

El secretario de Estado explicó que, en su calidad de abogado litigante, comprende la gravedad que implica infringir la Constitución y la ley. Relató que, aunque inicialmente había rechazado algunos de los decretos, cambió su postura tras recibir un recurso de amparo y analizar el reproche efectuado por la Corte Suprema en centenares de ocasiones. Según Rabat, no reaccionar frente a un fallo ejecutoriado del máximo tribunal habría constituido una "omisión importante".

Sin embargo, el ministro reconoció que su decisión careció de un análisis integral. Si bien afirmó que no le faltó una "reflexión humana", admitió que faltó una "mirada política", reconociendo que, en ocasiones, la técnica jurídica es sobrepasada por la dimensión política de los hechos.

Finalmente, Fernando Rabat anunció que el Gobierno presentará este lunes 26 de octubre un proyecto de ley con discusión inmediata. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo modificar el sistema actual para incorporar la participación de las víctimas, a través de sus representantes legales, y someter todas las solicitudes de reducción de condena a una revisión judicial obligatoria.