El Barómetro de las Américas 2026 ha revelado una tendencia favorable pero compleja en la región latinoamericana: el apoyo a la democracia ha vuelto a crecer tras más de una década de deterioro continuo. Según los datos del informe, el 65% de la población considera que la democracia es la forma de gobierno preferible, a pesar de los problemas inherentes al sistema. Este resultado representa un incremento de seis puntos porcentuales en comparación con el año 2023, alcanzando el nivel más alto registrado en más de diez años.
Este repunte no se limita a un grupo específico, sino que se observa de manera transversal en casi todos los países, rangos etarios y niveles educativos. No obstante, los analistas advierten que este crecimiento exige cautela, ya que la valoración del sistema democrático parece estar estrechamente ligada a los resultados materiales inmediatos y no necesariamente a una convicción ideológica profunda sobre las instituciones.
La disparidad entre naciones es notable. Mientras que Uruguay registra un sólido apoyo del 86%, Perú se sitúa en el extremo opuesto con apenas un 50%. La investigación sugiere que la ciudadanía juzga la democracia basándose en su experiencia cotidiana. Aquellos ciudadanos que no han sido víctimas de solicitudes de soborno por parte de la policía muestran un apoyo diez puntos mayor que quienes sí lo fueron. De igual forma, quienes no han padecido inseguridad alimentaria registran nueve puntos más de respaldo, y quienes han visto una mejora en sus ingresos económicos superan en siete puntos a aquellos cuyos ingresos disminuyeron. En resumen, el respaldo a la democracia tiende a recuperarse cuando las condiciones de vida diaria dejan de empeorar.
A pesar de este incremento en el apoyo general, la confianza en la gestión gubernamental no ha seguido la misma trayectoria. El informe destaca que la satisfacción con las instituciones permanece baja y desigual. Si bien la satisfacción con los servicios municipales subió al 36% en 2026 (desde el 30% de 2018/19), las diferencias nacionales son marcadas: alcanza el 52% en Nicaragua y el 50% en Honduras, pero cae drásticamente al 16% en Bolivia y al 18% en Perú. Además, la crisis de representatividad es evidente, ya que solo cuatro de los veinte presidentes de la región cuentan con una aprobación mayoritaria.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la coexistencia del apoyo democrático con una alta tolerancia hacia el debilitamiento de los contrapesos institucionales. El Barómetro de las Américas señala que una parte considerable de la ciudadanía está dispuesta a tolerar que el presidente ignore a los jueces, pase por encima de la legislatura, manipule la ley o limite a la oposición. Para muchos latinoamericanos, la democracia se ha reducido conceptualmente al acto de votar; es decir, el sistema comienza y termina en la elección del gobernante, sin que se considere esencial la limitación del poder de quien resulta ganador.
Este fenómeno se refleja en el índice de apoyo al denominado “mayoritarianismo iliberal”, que oscila entre 4,46/7 en El Salvador y 3,36/7 en Argentina. En países como El Salvador, República Dominicana, Honduras y Guatemala, más del 60% de los encuestados se ubica en los rangos más altos de tolerancia hacia el ejercicio del poder sin frenos. Incluso en democracias más estables como Uruguay y Argentina, esta tendencia supera el 35%.
En cuanto a la orientación política, se observa un giro hacia la derecha. La autoubicación en este sector subió al 36% en 2026, superando el rango del 31% al 34% mantenido entre 2006 y 2023. Este incremento es particularmente visible en Colombia (del 29% al 40%), Panamá (del 23% al 33%), Bolivia (del 25% al 34%) y Brasil (del 46% al 50%). En contraste, Argentina experimentó un leve descenso del 27% al 26%, y Chile pasó del 23% al 28%.
El análisis concluye que este movimiento no representa necesariamente un abrazo duradero a la extrema derecha o una transformación ideológica profunda de la ciudadanía, sino más bien una ola electoral conservadora. Esta tendencia podría ser una respuesta de castigo a los gobiernos actuales, una búsqueda de eficacia administrativa o una adhesión personalista a ciertos liderazgos. El riesgo regional reside en que la demanda social de orden, trato justo y derechos sea utilizada por algunos líderes para justificar la eliminación de controles institucionales, transformando la mayoría electoral en una autorización para gobernar sin límites.
