El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha denunciado públicamente un incidente ocurrido el pasado viernes 23 de octubre en la ciudad de Caracas, donde funcionarios de Seguridad Ciudadana del municipio Chacao habrían intentado restringir una actividad de grabación institucional. Los hechos se desarrollaron en la plaza Francia de Altamira, un espacio emblemático de la capital venezolana, donde integrantes de la organización se encontraban realizando un registro audiovisual.
De acuerdo con la información difundida por el comité a través de sus redes sociales, los agentes de seguridad abordaron a los miembros de la organización mientras portaban camisetas con mensajes alusivos a la lucha por la liberación de los presos políticos en Venezuela. Según la denuncia, los funcionarios indicaron a los presentes que no estaba permitido grabar videos mientras vistieran dichas prendas. Clippve señaló que, al solicitar una base legal para tal prohibición, los agentes no presentaron ningún fundamento jurídico, limitándose a alegar que estaban recibiendo presiones de sus superiores para exigir que el grupo abandonara el lugar.
Aunque el intento de restricción fue el punto central del conflicto, la organización informó que los funcionarios finalmente permitieron que la grabación continuara. No obstante, el comité subrayó que los agentes permanecieron en el sitio supervisando la actividad, lo que llevó a la organización a calificar el procedimiento como una actuación arbitraria e intimidatoria. Ante esta situación, Clippve ha solicitado formalmente a las autoridades municipales que esclarezcan lo ocurrido durante la jornada.
Desde la perspectiva de la organización, este incidente adquiere una relevancia crítica al contrastarlo con los anuncios recientes sobre presuntos avances en las libertades políticas dentro de Venezuela, los cuales han sido celebrados por diversos actores tanto nacionales como internacionales. El comité enfatizó que la verdadera apertura democrática de un país no puede medirse a través de declaraciones oficiales, sino mediante la existencia de garantías reales y tangibles que permitan a las personas expresarse, organizarse y exigir sus derechos fundamentales sin el temor a sufrir represalias por parte de los cuerpos de seguridad.
Para sustentar su denuncia, Clippve recordó los preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, citaron los artículos 57 y 58, los cuales garantizan la libertad de expresión, el uso de los medios de comunicación y difusión, así como el derecho a la información sin censura. Asimismo, hicieron referencia al artículo 52, que protege el derecho de asociación, y al artículo 55, que impone a los cuerpos de seguridad la obligación inalienable de respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. La organización sostuvo que ningún funcionario público tiene la potestad de imponer restricciones arbitrarias al ejercicio de estos derechos basándose en el contenido de los mensajes expresados por la ciudadanía.
En respuesta a estas acusaciones, el director de Seguridad Ciudadana de Chacao, el comisario mayor Luis Gonzalo Fernández Córdova, salió al frente para negar la existencia de cualquier prohibición oficial respecto a la realización de grabaciones en los espacios públicos del municipio. El funcionario atribuyó lo sucedido a una «confusión momentánea» que ocurrió durante un acercamiento y una conversación de rutina con los integrantes del comité. Fernández Córdova aseguró que la situación fue aclarada de manera inmediata, lo que permitió que los participantes prosiguieran con su actividad programada.
A pesar de la respuesta oficial, Clippve mantiene su preocupación sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el país. La organización ha hecho un llamado directo a la ciudadanía para que documente y denuncie cualquier atropello contra las libertades civiles. De igual manera, instaron a la comunidad internacional y, muy especialmente, a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, a mantener una vigilancia estrecha sobre las restricciones que persisten en Venezuela.
El comité concluyó que este incidente debe ser analizado como parte de los patrones de restricciones a las libertades civiles y políticas que han sido ampliamente documentados en el país. Reiteraron que, como víctimas y familiares de presos políticos, no callarán sus reclamos y seguirán exigiendo la libertad plena, inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, bajo la premisa de que exigir libertad no constituye un delito.
