El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha emitido una orden directa a los funcionarios electorales del estado de California, exigiéndoles que identifiquen a presuntos no ciudadanos dentro de los registros de votantes y que procedan a apartar los votos emitidos por correo de dichas personas. Esta medida viene acompañada de una severa advertencia: aquellos funcionarios que, a sabiendas, contabilicen estas boletas podrían enfrentar responsabilidad penal.
Esta acción representa una escalada significativa en la estrategia de la administración de Donald Trump para examinar minuciosamente los registros electorales. La iniciativa se enmarca en un contexto de esfuerzos continuos del Gobierno federal por reforzar las acusaciones de fraude electoral, las cuales han sido impulsadas por alegaciones del presidente Donald Trump que han sido calificadas como infundadas.
A través de una serie de cartas enviadas a los funcionarios electorales de diversos condados de California, el Departamento de Justicia solicitó la colaboración estrecha con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El objetivo explícito es "identificar quiénes de la lista adjunta son ciudadanos y quiénes no". La gravedad de la instrucción quedó plasmada en la comunicación enviada al condado de San Bernardino, redactada por el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli. En dicha carta, Essayli advirtió que si las personas contabilizan deliberadamente papeletas emitidas por individuos identificados por agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal.
Estas comunicaciones son la culminación de una exigencia realizada a principios de este mes por el subsecretario de Justicia Interino, Trent McCotter. McCotter otorgó un plazo perentorio de 48 horas al condado de Los Ángeles y a la Secretaria de Estado de California, Shirley Weber, para revisar una lista federal de presuntos no ciudadanos a quienes se les habrían enviado boletas electorales por correo. El subsecretario no dudó en amenazar con solicitar medidas cautelares de emergencia en caso de que los funcionarios locales no cumplieran con el requerimiento.
En el marco de estas exigencias, el 13 de octubre se envió una memoria USB protegida con contraseña. Este dispositivo contenía los nombres de personas que, según la administración federal, "probablemente no son ciudadanas" y que habrían recibido boletas para las elecciones de noviembre. La instrucción específica era que los funcionarios apartaran temporalmente las boletas de aquellos cuya ciudadanía no pudiera ser confirmada, en lugar de proceder a la cancelación total de sus inscripciones.
Ante estas presiones, Dean C. Logan, secretario del condado de Los Ángeles, respondió mediante un comunicado oficial. Logan subrayó que mantener registros precisos del censo electoral es una responsabilidad fundamental de su oficina, pero enfatizó que las leyes federales y estatales son claras respecto a la elegibilidad para votar. Según Logan, cualquier medida destinada a excluir a un votante debe fundamentarse en información verificable y no en simples "afirmaciones de coincidencia de datos no confirmados".
La disputa ha trascendido la vía administrativa para convertirse en una batalla legal. El Departamento de Justicia ya ha demandado al estado de California y al condado de Los Ángeles con el fin de impedir el conteo de más de 20,000 votos por correo de personas presuntamente no ciudadanas. Aunque un juez federal programó una audiencia para la próxima semana, el Departamento de Justicia ha solicitado la intervención del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, argumentando que cada minuto de procesamiento sin separar las papeletas provoca una "dilución de los votos de los ciudadanos" y una privación del derecho al voto imposible de rastrear.
Este escenario no es aislado. Una disputa legal similar ocurre en Alaska, donde la administración Trump busca bloquear la certificación de la contienda por el Senado estatal si el senador republicano Dan Sullivan llegara a perder. Esta elección es considerada crítica, ya que los demócratas aspiran a recuperar el control del Senado.
La administración federal ha sostenido repetidamente que cientos de miles de no ciudadanos están inscritos en los censos electorales. En agosto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el DHS identificó a 250,000 personas que creían no ser ciudadanas y que estaban inscritas en cuatro estados: California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada, basándose en la comparación de registros de votantes con datos federales de inmigración.
Sin embargo, estas cifras han sido cuestionadas. En Nevada, el DHS informó inicialmente que había 15,900 personas potencialmente no ciudadanas registradas, pero luego admitió que la cifra era preliminar y no verificada. Tras una revisión manual, solo confirmaron 185 casos. Posteriormente, funcionarios de Nevada informaron que, tras su propia revisión, determinaron que esas 185 personas eran, en realidad, ciudadanos estadounidenses, conclusión que la agencia federal sigue refutando.
Finalmente, el senador demócrata por California, Alex Padilla, miembro de la Comisión de Reglas y Administración del Senado, calificó la actuación de la administración como "temerosa y desesperada". Padilla aseguró que el Departamento de Justicia no ha presentado pruebas que respalden el fraude electoral masivo y que han admitido la inexactitud de sus datos. El senador concluyó afirmando que la administración no tiene autoridad para interferir en los procesos electorales y expresó su apoyo total a los funcionarios encargados de las elecciones.
