En una operación judicial ejecutada este miércoles 21 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una serie de allanamientos simultáneos que impactaron directamente en las dependencias del Municipio de Quito. Estas acciones forman parte de una investigación exhaustiva que busca esclarecer presuntos delitos de peculado y lavado de activos, centrados en la gestión de contratos públicos de infraestructura vial.
Los operativos no se limitaron únicamente a las oficinas municipales. La Fiscalía extendió sus acciones hacia un consorcio ubicado en el cantón Rumiñahui, así como al despacho de un abogado particular. El objetivo principal de estas incursiones es la recolección de indicios y evidencias documentales que permitan determinar la existencia de irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
El origen de estas acciones judiciales se remonta a dos denuncias formales presentadas por el concejal Michael Aulestia ante la Fiscalía General. Según el edil, las irregularidades estarían vinculadas a contratos de mantenimiento vial, asfaltado, obras de infraestructura y la venta de asfalto. Todos estos procesos fueron adjudicados a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, las diligencias actuales se enfocan específicamente en la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública otorgados a consorcios privados durante el año 2024. El monto total de estas dos adjudicaciones superaría los 4 millones de dólares, y es en este punto donde las autoridades buscan hallar pruebas de un manejo indebido de los fondos públicos.
Sin embargo, la denuncia presentada por el concejal Aulestia plantea un escenario mucho más amplio y complejo. Basándose en la revisión de información pública, el edil sostiene que un mismo proveedor habría logrado concentrar contratos por un valor aproximado de 65 millones de dólares. Según el señalamiento, esto no se habría logrado de manera directa, sino mediante la creación de una estructura organizada compuesta por diversas sociedades, consorcios y personas naturales.
El propósito de este mecanismo, según la denuncia, habría sido eludir deliberadamente las prohibiciones legales establecidas en la normativa vigente. Específicamente, se hace referencia al artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual prohíbe la adjudicación de una nueva obra a cualquier contratista que no haya entregado a conformidad un contrato anterior. El uso de consorcios y sociedades espejo habría permitido al proveedor seguir obteniendo contratos a pesar de las restricciones legales.
La gravedad de la denuncia aumenta al señalar que en este presunto esquema habrían participado funcionarios de alto nivel de la Epmmop, así como personas pertenecientes al entorno cercano de la Alcaldía de Quito. Estas menciones sitúan la investigación en los niveles más altos de la administración municipal, sugiriendo una posible coordinación para favorecer a ciertos grupos económicos.
En un comunicado oficial, el concejal Michael Aulestia enfatizó que sus acusaciones no se basan en suposiciones, sino en documentación pública que ha sido puesta a disposición de la Fiscalía para su análisis técnico. "No son opiniones, son documentos públicos que ahora están en manos de la Fiscalía. Quito pagó por calles y una sola red se quedó con los contratos", afirmó el concejal, subrayando la necesidad de transparentar el destino de los recursos municipales.
Además de la solicitud de investigación penal por los delitos de peculado y lavado de activos, Aulestia ha pedido a la Fiscalía actuar con la mayor celeridad posible. El edil solicitó formalmente el dictado de medidas cautelares sobre los bienes de todas las personas investigadas, con el fin de evitar el desvío o desaparición de activos que pudieran haber sido obtenidos mediante estas presuntas irregularidades.
El proceso ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá examinar meticulosamente todos los documentos presentados y las evidencias recabadas durante los allanamientos. La Fiscalía determinará si existen elementos suficientes para formalizar cargos y establecer las responsabilidades penales individuales de los funcionarios y contratistas involucrados en este caso.
