La Municipalidad de Santa Cruz se encuentra actualmente bajo el escrutinio de las autoridades judiciales tras una serie de operativos realizados con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con el otorgamiento de permisos de construcción y la gestión de concesiones en la zona marítimo-terrestre del cantón. Ante esta situación, el gobierno local ha emitido un comunicado oficial en el que asegura estar a total disposición de las instancias judiciales para colaborar plenamente con el desarrollo de la investigación.
Los operativos, que se llevaron a cabo este martes, fueron coordinados por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Durante la jornada, las autoridades ejecutaron allanamientos en tres puntos estratégicos: la sede de la municipalidad, las oficinas de una empresa constructora ubicada en la zona y dos viviendas particulares. Estas acciones forman parte de un proceso liderado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la cual busca determinar la existencia de delitos graves contra la administración pública.
De acuerdo con la información proporcionada, la investigación se centra en la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. La hipótesis de los investigadores apunta a que se habrían manipulado procesos administrativos para favorecer la construcción de un hotel de playa, facilitando así el crecimiento patrimonial injustificado de las personas implicadas en el entramado.
La lista de personas investigadas es extensa y abarca diversas jerarquías dentro de la administración municipal y el sector privado. Entre los señalados figura el alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro, así como su hijo, quien se desempeña como representante de un hotel. Asimismo, la investigación alcanza a funcionarios clave del ayuntamiento, incluyendo a un asesor de la Alcaldía de apellido Zumbado y al encargado del Departamento de Planificación Urbana, de apellido Moreno.
El operativo también ha puesto bajo la lupa a personal operativo y legal de la municipalidad. Se encuentran investigados dos inspectores municipales, identificados con los apellidos Hidalgo y Cedeño, además de un asesor legal de apellido Hernández. Por parte del sector privado, la Fiscalía investiga al gerente de la empresa constructora y al arquitecto de dicha compañía, ambos de apellido Canales.
En respuesta a estos hechos, la Municipalidad de Santa Cruz manifestó su respeto absoluto por las actuaciones del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial. A través de su comunicación oficial, el ayuntamiento reiteró la importancia fundamental de respetar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia para todas las personas que forman parte de este proceso judicial, mientras se recaban las pruebas necesarias.
Para dar mayor detalle sobre el alcance de los allanamientos, la municipalidad precisó que los agentes judiciales efectuaron diligencias exhaustivas en departamentos críticos de la organización. Entre las áreas intervenidas se encuentran los departamentos de Construcciones, Inspectores y la oficina encargada de la Zona Marítimo-Terrestre. Además, las autoridades judiciales accedieron a las áreas de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y al departamento de Rentas, buscando rastros documentales o digitales que sustenten las sospechas de irregularidades.
En cuanto al saldo inmediato de los operativos, se informó que ninguna de las personas investigadas fue detenida durante las diligencias. No obstante, el balance material de los allanamientos fue significativo, ya que las autoridades lograron decomisar diversos equipos electrónicos y recabar una cantidad considerable de pruebas digitales y documentales que serán analizadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
