El oficialismo nacional logró una victoria política estratégica la semana pasada al dejar sin quórum la sesión convocada por la oposición. El objetivo central de esta maniobra fue proteger el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión para desregular diversos sectores de la economía. Para conseguir este "blindaje", el Gobierno implementó un giro pragmático, realizando una serie de concesiones a sus aliados políticos, principalmente al PRO, la UCR y diversos bloques provinciales.
Una de las medidas más significativas fue el acuerdo para restituir la Ley de Tierras de 2011, impulsada originalmente durante el kirchnerismo. Esta normativa establece límites estrictos a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros: una persona física o jurídica extranjera no puede poseer más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia o de cada departamento. Asimismo, limita que una misma nacionalidad concentre más del 30% del cupo habilitado y restringe la adquisición de terrenos en zonas de seguridad de frontera o con cuerpos de agua relevantes.
Esta decisión permitió que los bloques aliados, que se oponían a la venta de tierras sin límites pero no deseaban derogar la totalidad del DNU 70/23, encontraran una salida política elegante. El mega decreto en cuestión había eliminado la ley de tierras y derogado regulaciones en sectores como transporte, salud, mercado laboral y comercio, afectando leyes como la de Alquileres, Góndolas, Abastecimiento y Compre Nacional. Desde el oficialismo advirtieron que una derogación total del decreto podría provocar un caos administrativo y procesal. Para formalizar este acuerdo, a pedido de la UCR, se incluyeron dos artículos en el dictamen que dejan sin efecto el artículo 134 del DNU y restituyen la vigencia de la ley 26.737.
En paralelo, el Gobierno avanzó en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Este texto impone restricciones estrictas a las expropiaciones, exigiendo una justificación expresa de utilidad pública y calculando el pago según el valor de mercado y el lucro cesante. Además, regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados en un plazo de 72 horas si el dueño acredita la documentación, y establece que los desalojos por falta de pago requieren una intimación previa de 10 días para cancelar la deuda.
Otro punto crítico fue la emergencia en Discapacidad. El oficialismo desistió del recorte severo incluido en el borrador del Presupuesto 2027 —que eliminaba las pensiones no contributivas— para avanzar con un proyecto consensuado con el PRO y la UCR. Este nuevo texto mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Además, permite que la pensión sea compatible con un trabajo registrado, siempre que la remuneración no supere los dos salarios vitales y móviles. A pesar de esto, los aliados de Argentina Federal firmaron en disidencia, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, dejó abierta la posibilidad de un veto presidencial al admitir que el Ejecutivo "quería otra cosa".
Respecto al endeudamiento familiar, el Gobierno aceptó tratar el tema pero rechazó cualquier intervención en las tasas de interés o quitas de capital, argumentando que se trata de un problema "entre privados" que podría afectar el mercado del crédito. Su propuesta se limita a fomentar la educación financiera, brindar mayor claridad en los costos financieros y prevenir el sobreendeudamiento. En contraste, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas propusieron declarar una emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciación para deudas menores a dos canastas básicas totales del Indec, aplicando la tasa TAMAR más un 25%.
Para terminar de asegurar el apoyo provincial, el oficialismo incluyó el proyecto de ley de biocombustibles, que aumentaría los cortes obligatorios de bioetanol (del 12% al 15%) y de biodiésel (del 7% al 10%), beneficiando a provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba y Santa Fe. También se sumaron proyectos como el de vandalismo rural del PRO, que aumenta las penas por intrusión en establecimientos rurales, la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras al Chaco, y la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo para controlar sustancias como el fentanilo.
Hasta el momento, la estrategia ha resultado exitosa para la Casa Rosada, ya que no solo vació la sesión opositora, sino que logró obtener el dictamen de mayoría en comisión tanto en discapacidad como en endeudamiento, asegurando que los textos de La Libertad Avanza sean los primeros en tratarse en el recinto.
