Experto urge criterios técnicos y legales para la liberación de presuntos colaboradores de pandillas en El Salvador

Juan Carlos Torres, académico y especialista en Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco, ha señalado que cualquier proceso de liberación de personas vinculadas a estructuras de pandillas en El Salvador debe fundamentarse estrictamente en criterios técnicos y legales. Durante una intervención en el programa "Encuentro con Julio Villagrán", el experto enfatizó que este proceso no puede ignorar la situación de las víctimas ni la realidad de aquellos ciudadanos que pudieron haber colaborado con grupos criminales bajo amenazas.

Torres advirtió que, a pesar de la reducción de la violencia atribuida a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno, el país aún enfrenta desafíos significativos para alcanzar una paz duradera. Entre los puntos críticos que requieren atención inmediata se encuentran la reconstrucción del tejido social, la revisión exhaustiva de los efectos derivados del régimen de excepción y la urgencia de garantizar justicia tanto para las víctimas como para las personas inocentes que se encuentran encarceladas.

El análisis del académico surgió a raíz de las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, quien planteó la posibilidad de liberar condicionalmente a una parte de las personas vinculadas a pandillas, bajo el supuesto de haber mantenido colaboraciones forzadas. Al respecto, Torres cuestionó la forma en que se han comunicado estas decisiones de seguridad pública, subrayando que cualquier propuesta de liberación debe abordarse con responsabilidad, transparencia institucional y el respaldo de asesoría especializada.

Según el especialista, la comunicación inicial del planteamiento presidencial generó incertidumbre en la sociedad, particularmente entre las familias que fueron víctimas de amenazas y violencia durante el periodo de control territorial de las pandillas. Torres explicó que el anuncio resultó ambiguo al mencionarse inicialmente la liberación del 50 % de ciertos grupos de personas privadas de libertad, sin que se definieran con claridad los alcances ni los criterios técnicos que regirían dicha medida.

Para el experto, es fundamental que el Gobierno no limite las evaluaciones de los detenidos a criterios meramente policiales o de investigación criminal. Propuso la integración de especialistas que comprendan la complejidad social del fenómeno de las pandillas, sugiriendo la intervención de expertos en psicología social, prevención de la violencia y estructuras comunitarias. De esta manera, se podría realizar una clasificación rigurosa que distinga entre quienes participaron voluntariamente en actividades delictivas y quienes actuaron por necesidad de supervivencia o bajo coacción.

Uno de los ejes centrales del análisis de Torres fue la distinción entre la colaboración voluntaria y la obligada. El académico recordó que, en las comunidades sometidas al control territorial, muchas personas no tenían opciones reales para negarse a las exigencias de los criminales. Citó como ejemplos a comerciantes obligados a entregar productos, familias forzadas a permitir el paso de pandilleros por sus viviendas y habitantes presionados para realizar favores cotidianos. En este contexto, una persona podría ser clasificada como colaboradora sin haber actuado por voluntad propia, lo que hace indispensable una revisión individualizada de cada caso.

Asimismo, Torres advirtió que cualquier revisión de condenas debe considerar el impacto profundo que la violencia dejó en las víctimas, quienes perdieron seres queridos, viviendas y estabilidad económica. Del mismo modo, señaló que el encarcelamiento ha generado daños colaterales en los hogares, dejando niños sin padres y desintegrando familias. Sostuvo que la justicia debe contar con herramientas institucionales y garantías procesales para distinguir la culpabilidad de la inocencia, asegurando que quien no cometió un delito no permanezca en prisión.

En cuanto a la prevención, el académico rechazó la idea de que el ingreso de jóvenes a las pandillas fuera siempre una decisión libre, recordando los mecanismos de reclutamiento forzado y la vulnerabilidad de los entornos comunitarios marcados por la exclusión. Por ello, instó al Gobierno a fortalecer los programas preventivos y a realizar cambios en la gestión de la Dirección de Integración y de la del Tejido Social, señalando que dichos funcionarios no han logrado avances significativos en la materia.

Finalmente, el posicionamiento de Torres coincide con las demandas del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y Madres por la Libertad. Estas organizaciones han manifestado que las liberaciones no deben ser condicionadas, sino el resultado de un proceso de justicia real, especialmente en los casos de personas que han sido víctimas tanto de las pandillas como del propio Estado.