Una intensa controversia se ha desatado en torno al Museo Nacional de Colombia tras la decisión de retirar más de 30 piezas de sus exposiciones permanentes. Esta medida, impulsada desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes bajo una revisión museográfica, ha generado un fuerte debate sobre el alcance de estas intervenciones y la protección de la memoria histórica en el país. Las obras desmontadas hacían referencia a movimientos feministas, la comunidad Lgbtiq+, víctimas de violencia política y el proceso de paz culminado en 2016.
Entre los elementos retirados destaca una bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, así como afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos líderes políticos asesinados. Asimismo, la medida afectó a piezas emblemáticas del proceso de paz, específicamente la séptima papeleta y el "Balígrafo", el instrumento utilizado durante la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
La reacción política no se hizo esperar. El expresidente Gustavo Petro utilizó la red social X para cuestionar la medida, calificándola como una vulneración a la libre expresión y a los derechos de quienes representan identidades o posturas diversas. Petro fue tajante al afirmar que esta acción no se trata de una cuestión de deshonestidad intelectual, sino de "fascismo". Según el exmandatario, las decisiones tomadas por las carteras de Educación y Cultura representan una forma de discriminación, sugiriendo que el Estado social de derecho y la democracia están siendo sustituidos por la eliminación de las diferencias y la persecución.
Por su parte, la ministra de las Culturas, Paola Holguín, salió en defensa de la revisión de los espacios administrados por su cartera. La funcionaria sostuvo que los museos y espacios públicos deben reflejar a la nación en su conjunto y, en consecuencia, no deben responder a una orientación que ella calificó como adoctrinamiento político. Esta postura ha sido el eje central del conflicto entre la administración del presidente Abelardo de la Espriella y diversos sectores culturales.
La tensión escaló hasta el ámbito judicial. El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela y emitió una orden para preservar todas las piezas que fueron retiradas. Como medida cautelar, el juez prohibió cualquier nuevo desmontaje o intervención basada en el contenido de las obras, a menos que exista una decisión administrativa formal debidamente justificada. Además, la orden judicial obliga al museo a entregar un inventario detallado de los objetos retirados, especificando su ubicación actual y su estado de conservación.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, solicitó explicaciones formales al Ministerio de las Culturas. El organismo pidió conocer los criterios técnicos, jurídicos y administrativos que sustentaron el retiro de las piezas vinculadas a las luchas feministas, la memoria Lgbtiq+ y las campañas de Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. La Defensoría también requirió información sobre las condiciones actuales de conservación de las obras y la posibilidad de que sean reincorporadas a las exposiciones.
Un punto crítico de la solicitud de la Defensoría se centra en el espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, militante de la Unión Patriótica y trabajador de Colcultura, quien fue víctima de desaparición forzada en septiembre de 1984 en Yacopí. Según datos del propio Ministerio de las Culturas, en este crimen participaron agentes estatales y paramilitares, siendo Díaz uno de los primeros desaparecidos en el exterminio contra el partido UP. El ente de control pidió aclarar si se cambió la denominación de este espacio, las razones de dicha medida y si se consultó a los familiares antes de realizar cualquier modificación, respetando los acuerdos previos.
El malestar social se manifestó en las calles de Bogotá, donde cerca de 500 personas convocadas por colectivos sociales protestaron frente al Museo Nacional los días sábado 17 y domingo 18 de octubre. A estas movilizaciones se sumaron cuestionamientos de diversas organizaciones culturales y museos del país. El Consejo Internacional de Museos en Colombia expresó su preocupación por las implicaciones que estas decisiones podrían tener para la autonomía profesional de las instituciones museográficas y la protección del patrimonio nacional.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó que seguirá de cerca la respuesta del Ministerio para definir las acciones necesarias en defensa de la libertad de expresión y los derechos culturales. El organismo enfatizó que la preservación de la memoria histórica exige el reconocimiento de la diversidad de relatos y experiencias, asegurando que ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones ideológicas o políticas.
