La Comisión de Constitución del Senado, bajo la presidencia de Carlos Mesía, integrante de la bancada de Fuerza Popular, ha aprobado el dictamen que establece los criterios de evaluación que se aplicarán a los candidatos para ocupar las vacantes de magistrados en el Tribunal Constitucional (TC). Esta decisión se produce cuando resta aproximadamente un mes para el inicio formal del proceso de selección de los nuevos integrantes del máximo intérprete de la Constitución.
La aprobación del mecanismo de selección se logró mediante una votación en la que se registraron nueve votos a favor y tres en contra, sin que se presentaran abstenciones. Los votos negativos fueron emitidos por los representantes de la bancada de Juntos por el Perú. Tras este paso en la comisión, el proceso se traslada ahora al pleno del Senado, instancia encargada de ratificar la decisión para que los criterios entren en vigor.
El camino hacia la aprobación no estuvo exento de dificultades. El dictamen fue el resultado de un debate tenso que se extendió por más de dos horas y media. Durante la sesión, parlamentarios pertenecientes a las bancadas de Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú manifestaron sus cuestionamientos respecto a los criterios propuestos inicialmente por la presidencia de la comisión. El punto central de la discordia fue el puntaje asignado a la entrevista personal, aspecto que generó fuertes discusiones antes de que el grupo de trabajo, tras un cuarto intermedio, decidiera otorgar la luz verde al documento.
En la actualidad, el pleno del Tribunal Constitucional está conformado por siete magistrados: Helder Domínguez, Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández. De acuerdo con el cronograma de mandatos, seis de estos integrantes culminarán sus funciones en mayo del año 2027. Por su parte, el magistrado Pedro Hernández permanecerá en el cargo hasta diciembre de 2028, debido a que fue el último en incorporarse al tribunal. Cabe precisar que Hernández ha sido elegido como presidente del organismo para el periodo 2026-2028.
El marco normativo establece que es responsabilidad del Congreso iniciar el proceso de elección de los nuevos magistrados, asegurando que los actuales integrantes continúen en sus funciones hasta que sus sucesores tomen posesión del cargo. La elección final recae en el Senado y requiere un consenso elevado, pues es necesario el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros.
Previamente a la votación en el pleno, la Comisión de Procedimientos Especiales deberá organizar y ejecutar un concurso público de méritos. Una vez finalizado este proceso, la comisión publicará la lista de candidatos aptos y remitirá al presidente del Senado un informe detallado que sustente el puntaje otorgado a cada postulante, documento que también deberá ser difundido en el portal institucional de la Cámara Alta.
Una vez recibido dicho informe, el presidente del Senado dispondrá de un plazo no menor a cinco días hábiles para convocar al pleno. En la sesión correspondiente, se debatirá y votará la propuesta de la comisión de forma individual, respetando estrictamente el orden de calificación obtenido por los candidatos. La formalización de la elección se realizará mediante una resolución legislativa. En caso de que no se logren cubrir todas las vacantes, la comisión tendrá cinco días hábiles para formular nuevas propuestas basadas en el cuadro de méritos; si aun así no se cubren los puestos, se deberá iniciar un nuevo proceso de selección.
En cuanto a la evaluación técnica, los candidatos serán calificados sobre un puntaje máximo de cien puntos. La distribución es la siguiente: hasta treinta puntos por formación académica, treinta puntos por experiencia profesional y diez puntos por investigación jurídica. El dictamen es estrictamente riguroso con la acreditación: los grados académicos deben estar inscritos obligatoriamente en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU.
Para el rubro de investigación jurídica, los libros considerados deben estar registrados en la Biblioteca Nacional del Perú y cumplir con requisitos formales como contar con cubierta, depósito legal, ISBN, número de edición, editorial, introducción, índice y una documentación que acredite un tiraje mínimo de 500 ejemplares. Por otro lado, los artículos de investigación solo serán válidos si han sido publicados en revistas indexadas o arbitradas reconocidas por el CONCYTEC. Los puntajes de investigación son acumulables hasta diez puntos, con un tope de seis puntos para libros y tres para artículos.
Finalmente, la entrevista personal, que es pública y presencial, representa los treinta puntos restantes de la evaluación. Esta etapa busca analizar la trayectoria personal, académica y profesional del candidato. Los miembros de la Comisión de Procedimientos Especiales calificarán individualmente y de manera pública, y la presidencia de la comisión promediará dichos puntajes para determinar la nota final. Para ser considerado apto en esta etapa, el candidato debe alcanzar un puntaje mínimo de diez puntos. Tras estas fases, se procederá a la revisión de resultados y la elaboración del cuadro de méritos final.
