Un grupo compuesto por 23 Premios Nacionales ha emitido una declaración pública en la que manifiestan su rechazo categórico al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). A través de este documento, los galardonados alertaron que la iniciativa gubernamental vulnera garantías democráticas fundamentales, al ignorar recomendaciones técnicas y buscar la concentración de facultades en la ciudad de Santiago.
En el manifiesto, los firmantes recordaron que la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos no fue un acto aislado, sino que respondió a acuerdos políticos transversales alcanzados tras el fin de la dictadura. Asimismo, destacaron que la entidad se fundamenta en las recomendaciones históricas contenidas en el Informe de Verdad y Reconciliación, subrayando que cualquier modificación a su estructura debe respetar el espíritu de estos consensos básicos.
De acuerdo con el documento, la propuesta legislativa presentada por el Gobierno pone en peligro las condiciones básicas necesarias para que el instituto pueda operar siguiendo los estándares internacionales. Entre los puntos más cuestionados por los Premios Nacionales, se encuentra la posible pérdida de autonomía e independencia del organismo frente a los diversos poderes del Estado. Los firmantes sostienen que la reforma debilitaría la capacidad del INDH para actuar como un ente fiscalizador imparcial.
Otro de los ejes críticos señalados en la declaración es la exclusión de la sociedad civil en el proceso de designación de los consejeros. La propuesta del Ejecutivo plantea una designación directa, lo que, según el grupo de académicos y artistas, eliminaría la participación ciudadana en la conformación de la directiva del instituto. A esto se suma la preocupación por la eliminación de la facultad para interponer querellas, una herramienta jurídica esencial que permitiría al organismo perseguir legalmente las vulneraciones a los derechos humanos.
La declaración también puso un énfasis particular en la crítica al cierre de las sedes regionales propuesto en el articulado del proyecto de ley. Los galardonados indicaron que esta medida demuestra un desprecio por las problemáticas locales, ya que establecería que el organismo opere exclusivamente desde una sede central en la ciudad de Santiago. Esta centralización ocurre tras años en los que la institución se había instalado y desplegado en todo el territorio nacional para atender las necesidades de diversas comunidades.
El manifiesto acusa explícitamente que la reforma busca neutralizar al órgano encargado de vigilar el cumplimiento estatal en materia de derechos humanos. En este sentido, los firmantes cuestionaron que la iniciativa del Gobierno ignore las más de 40 recomendaciones formuladas por la comisión asesora presidencial, la cual fue constituida en el año 2025. El hecho de que el proyecto no incorpore estos lineamientos técnicos es visto por el grupo como una señal de retroceso en la protección de las garantías fundamentales.
Finalmente, los 23 Premios Nacionales concluyeron su declaración haciendo un llamado urgente al Congreso Nacional. Solicitaron a los legisladores rechazar el proyecto de ley en su estado actual, instando a que se sigan los lineamientos de fortalecimiento previamente trazados y se defienda el rol fiscalizador de la institución, el cual consideran vital para la salud democrática del país.
Los firmantes de este pronunciamiento son los premios nacionales Cecilia Hidalgo, Claudio González, María Olivia Mönckeberg, Sergio Campos, Sonia Montecino, Elicura Chihuailaf, Elizabeth Andrade, Diamela Eltit, Rafael Sagredo, Ramón Díaz Eterovic, Mónica González, Manuel Antonio Garretón, Miguel Kiwi, Delia Vergara, Faride Zerán, Julio Pinto, Ramón Griffero, Gustavo Meza, Juan Casassus, Elizabeth Lira, Cristián Castillo, Tomás Moulian y Alicia Lira.
