En un giro inesperado dentro de la agenda legislativa, el Gobierno Nacional ha decidido aceptar las exigencias y modificaciones impulsadas por diversos sectores aliados al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, popularmente conocido como la "Ley Malvinas". Esta decisión tiene como objetivo principal asegurar la cantidad de votos necesarios para lograr la aprobación de la norma en el recinto de la Cámara de Diputados.
La resolución se produce tras una serie de reuniones clave, destacándose el encuentro mantenido este viernes entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario Adrián Pagán, quien es una figura cercana al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. El avance en las negociaciones fue confirmado el sábado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, a través de su cuenta en X, donde detalló que la Casa Rosada ha recibido y procesado los aportes presentados por diputados pertenecientes al PRO, al MID y sectores del peronismo. Si bien Ravier no mencionó explícitamente a la Unión Cívica Radical, se ha informado que también se tomaron en cuenta sugerencias de los diputados provinciales y de la legisladora mendocina Pamela Verasay.
El proyecto de Ley Malvinas había generado fuertes tensiones internas dentro del Poder Ejecutivo y había provocado malestar tanto en el presidente Javier Milei como en Santiago Caputo. Esta fricción surgió a raíz de las presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos, específicamente a través del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau. Washington manifestó una profunda preocupación por el impacto que la normativa podría tener sobre las inversiones y las empresas norteamericanas que operan en la zona.
El punto central de la controversia con Estados Unidos radica en las penalidades propuestas en el texto original. Estas sanciones no solo afectarían a las firmas que operan directamente en las islas Malvinas, sino que se extenderían a sus filiales, accionistas, proveedores e incluso a intermediarios financieros involucrados. Ante esta situación, circuló en el Congreso la posibilidad de que el Gobierno congelara la iniciativa para evitar un conflicto diplomático o económico con Washington; sin embargo, la Casa Rosada ha decidido avanzar con la propuesta, buscando obtener un dictamen de mayoría la próxima semana.
Entre las modificaciones más significativas que el Gobierno está dispuesto a aceptar se encuentra la reestructuración del proyectado Consejo de Seguridad. El texto original limitaba la composición de este órgano al Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. Tras las negociaciones, se incorporará al Ministerio de Seguridad como miembro permanente. Este cambio busca clarificar los roles de cada organismo y evitar superposiciones entre las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y el Consejo. Fuentes parlamentarias sugieren que la exclusión inicial de la cartera de Seguridad respondía a tensiones internas relacionadas con la ministra Patricia Bullrich.
Asimismo, se ha aceptado la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control del Consejo de Seguridad, una propuesta que ya había sido adelantada por María Ibarzabal ante los reclamos de mayor participación del Parlamento en el proceso.
Otro aspecto fundamental es la modificación de las facultades ejecutivas en situaciones críticas. El Gobierno aceptaría una sugerencia del diputado Eduardo Falcone, del MID, que establece que cualquier acción militar drástica, tales como el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques hostiles, deberá contar obligatoriamente con la autorización del Congreso, eliminando la potestad exclusiva del Presidente o del ministro de Defensa.
En materia de libertades civiles y periodísticas, la Casa Rosada realizará cambios en el artículo 111. Dicho artículo preveía penas de entre 5 y 15 años de prisión para quienes, financiados por Estados extranjeros, realicen actividades para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante desinformación masiva. Debido a las advertencias de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sobre la ambigüedad de estos conceptos, el Gobierno definirá una figura penal más sólida que excluya explícitamente la actividad académica, el debate público y la labor periodística.
Finalmente, el Gobierno continúa analizando la redefinición de las "infraestructuras críticas", que incluyen instalaciones, redes y servicios públicos o privados cuya afectación comprometa la seguridad, la salud o la economía del Estado. El debate se centra en que los operadores de dichas infraestructuras serían responsables de su protección, siempre bajo el aval del Consejo de Seguridad.
El objetivo del oficialismo es obtener el dictamen favorable de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores el próximo martes, para incluir la ley en la sesión inmediata, luego de que demoras en las negociaciones impidieran su tratamiento junto con la Ley de Tierras y la emergencia en discapacidad.
