La reducción de 56 condenas por delitos sexuales dispuesta por el Ministerio de Justicia ha provocado una crisis política en La Moneda, generando fuertes tensiones dentro del oficialismo durante este sábado. El conflicto escaló significativamente tras una serie de cuestionamientos públicos realizados por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dirigidos hacia el exministro de Justicia y exsenador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín.
El origen de la disputa se remonta a una serie de declaraciones previas donde el extitular de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, contradijo la postura del actual ministro de la cartera, Fernando Rabat. Larraín señaló que, durante el proceso legislativo de la ley aprobada en 2022 referente a la rebaja de penas, se dejó establecido explícitamente que dicho beneficio debía excluir a quienes fueran condenados por delitos de violación o abuso sexual a menores de edad.
El representante gremialista explicó que, si bien la Corte Suprema estimó inicialmente que los condenados antes de la vigencia de la ley tenían derecho al beneficio y lo concedió, fallos recientes han modificado esa posición. Según Larraín, la Corte ha rechazado la entrega de estas rebajas, reconociendo que el beneficio no está comprendido en el principio de irretroactividad penal, criterio que, a su juicio, refleja la historia fidedigna de la ley que impulsaron para resguardar la indemnidad de la niñez.
La respuesta de Arturo Squella a través de la red social X fue el detonante de la crisis. El timonel republicano cuestionó la gestión de Larraín con la frase: “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, no crees Hernán?”, lo que fue interpretado como un ataque directo y encendió los ánimos entre los dirigentes de la coalición.
La reacción del oficialismo no se hizo esperar. El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, fue uno de los primeros en emplazar a Squella, instándolo a mantener la prudencia y calificando su mensaje como un "exabrupto de ira". Cruz-Coke lamentó que se ventilaran este tipo de conflictos en redes sociales, señalando que esa no es la forma en que se necesita a una oposición.
Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó las declaraciones de Squella como "injuriosas" e "inaceptables". En un punto de prensa, Ramírez defendió la labor de Larraín, subrayando que el gobierno de Sebastián Piñera legisló precisamente para quitar beneficios a quienes cometieron delitos contra niños. Ramírez hizo un llamado a la responsabilidad, advirtiendo que cuidar las formas es fundamental para no debilitar al gobierno ni su posición en el Congreso, lo que podría beneficiar a la izquierda y perjudicar al país.
A estas críticas se sumó la exdiputada María José Hoffmann, quien acusó a Squella de causar un "profundo daño al Gobierno", describiendo su comportamiento como un patrón de conducta. Hoffmann calificó el tweet como "arrebatado, injurioso e irresponsable", asegurando que sus palabras reflejan una "insana desconfianza" hacia sus socios políticos y que el líder republicano no está a la altura de su rol.
No obstante, algunos sectores del Partido Republicano salieron en defensa de su presidente. El diputado Benjamín Moreno respondió a Cruz-Coke, sugiriendo que hay otros sectores del oficialismo que se han dedicado a "hacerse un festín pegándole al gobierno" en diversos temas. Asimismo, el diputado Luis Sánchez cuestionó la redacción de la normativa impulsada por Larraín, afirmando que habría sido más sencillo establecer claramente que la ley aplicaba a la fecha de solicitud del beneficio. Sánchez criticó que no se informara al Congreso sobre los rechazos de la Corte Suprema, asegurando que la izquierda siempre ha sido "generosa con los delincuentes". En la misma línea, Paz Charpentier cuestionó la nobleza de Larraín, sugiriendo que sus mensajes podrían ser un intento de llamar la atención del Gobierno para ser incorporado en él.
El conflicto encontró un cierre provisional luego de que Guillermo Ramírez confirmara haber recibido una llamada telefónica de Arturo Squella. El presidente del Partido Republicano se disculpó por su publicación y manifestó su intención de comunicarse personalmente con Hernán Larraín para ofrecerle sus disculpas. El timonel de la UDI valoró este acercamiento y reafirmó la disposición de su partido para seguir trabajando conjuntamente con la colectividad del gobierno en las tareas encomendadas por los ciudadanos.
