El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha retomado esta semana las diligencias judiciales en el marco del denominado "caso Leire". Esta fase del proceso se centra en la toma de declaraciones de figuras clave, entre las que destacan el exjuez José Luis Sáenz de Tejada y el antiguo viceministro chavista Nervis Villalobos, ambos investigados en esta causa compleja que entrelaza intereses políticos y judiciales.
De acuerdo con el calendario judicial establecido, José Luis Sáenz de Tejada tiene citada su comparecencia para este miércoles. El exmagistrado, quien fue expulsado de la carrera judicial, se enfrenta a una serie de delitos graves que incluyen la pertenencia a una organización criminal, calumnias, coacciones y delitos contra la integridad moral. Su situación legal se ha visto comprometida tras las revelaciones sobre su presunta participación en una trama destinada a influir en procesos judiciales.
Por su parte, Nervis Villalobos, quien desempeñó el cargo de viceministro en el régimen chavista de Venezuela, deberá comparecer ante el instructor del caso Leire el próximo viernes 30. El objetivo de su declaración es aportar la documentación original relacionada con el expediente de concesión de nacionalidad española, un trámite realizado bajo la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Según las investigaciones del juez Pedraz, Leire Díez habría intentado intervenir o trabajar en este asunto específico.
El núcleo del conflicto involucra a la magistrada Beatriz Biedma, quien se desempeñó como instructora en el caso relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Biedma ha solicitado formalmente la imputación de Sáenz de Tejada basándose en el sentimiento de "angustia" que experimentó al percibir que tanto ella como sus hijas estaban siendo objeto de vigilancia. Esta situación de inseguridad ha llevado a la jueza a personarse como perjudicada en la causa.
Las sospechas de Biedma se centran en que existió un plan para "neutralizarla" mientras investigaba el caso de David Sánchez. Para ello, se apunta a una presunta trama orquestada por la exmilitante socialista Leire Díez, quien supuestamente habría contactado con Cintia Rocho, conocida como 'la Celsa', integrante de un clan dedicado al narcotráfico. La magistrada ha solicitado que se tome declaración a Rocho para esclarecer estos vínculos y la finalidad de tales contactos.
La pieza clave que ha impulsado estas diligencias es una anotación encontrada en la agenda de Leire Díez, fechada el 25 de marzo de 2025. Este documento ha sido fundamental para que la magistrada Biedma se incorpore al proceso. Además, la causa investiga la posible implicación de otros exdirigentes socialistas, mencionando específicamente a Santos Cerdán, bajo la sospecha de haber intentado torpedear procedimientos judiciales que pudieran resultar perjudiciales para el PSOE o el Gobierno de España.
En cuanto a la motivación personal detrás de los ataques, Biedma sostiene que Sáenz de Tejada mantenía una animadversión profunda hacia ella. Esta hostilidad se originaría en el hecho de que Biedma tuvo que sustituir a la magistrada que instruía una denuncia de violencia machista contra Sáenz de Tejada, proceso que culminó con la condena del exjuez. Biedma considera que esta actividad previa fue el motivo por el cual Leire Díez decidió reclutarlo para desestabilizar la causa contra el hermano del presidente.
La ofensiva contra la magistrada no se limitó a la vigilancia. Según el relato presentado, Sáenz de Tejada utilizó diversas vías para atacarla: interpuso denuncias contra ella, intentó recursarla en el procedimiento judicial de David Sánchez y utilizó la plataforma digital para difundir críticas. Específicamente, publicó numerosos vídeos en un canal de Youtube denominado "Magistrado Anticorrupción TV", donde lanzaba ataques directos contra la jueza Biedma.
Para completar el cuadro de testimonios, el miércoles comparecerá también Raúl Montaño, quien actúa como abogado de 'la Celsa'. Su testimonio será crucial para entender la relación entre el entorno del narcotráfico y la presunta organización criminal investigada por el juez Pedraz. Todo este complejo entramado busca determinar si hubo un esfuerzo coordinado para interferir en la administración de justicia mediante coacciones y presiones externas.
