A tan solo dos semanas de que se lleve a cabo el Primer Convite, actividad que marca el inicio oficial del calendario del Carnaval de Oruro 2027, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro ha aprobado un nuevo reglamento destinado a administrar esta festividad, considerada la más relevante de la capital del folclore de Bolivia. Esta decisión ha desencadenado un fuerte conflicto entre las autoridades municipales y la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro (ACFO).
El punto central de la discordia radica en la exigencia del municipio hacia la ACFO de presentar un informe económico detallado sobre los recursos financieros que la asociación recibe de diversas empresas auspiciadoras. La municipalidad busca conocer la cuantía de los fondos que ingresan a la asociación desde hace más de una década, provenientes de grandes compañías que patrocinan la actividad folclórica y que se instalan con graderías y diversas modalidades de patrocinio tanto en los días centrales del Carnaval como en todas las actividades previas.
Ante esta solicitud, la ACFO ha manifestado un rechazo contundente. La dirigencia de la asociación sostiene que, al ser una entidad de naturaleza "privada", no tiene la obligación legal de rendir cuentas sobre los ingresos que percibe en sus arcas. Como medida de protesta y respuesta a las presiones municipales, la ACFO se ha declarado oficialmente en "estado de emergencia".
La tensión alcanzó un punto crítico durante una reunión convocada entre autoridades municipales, el Comité Departamental de Etnografía y Folclore y dirigentes de la ACFO. El encuentro terminó abruptamente cuando los representantes de la asociación abandonaron la sala tras un fuerte cruce de palabras y acusaciones mutuas. En medio de este clima de confrontación, el alcalde de Oruro, Iván Quispe, ratificó que la Alcaldía asumirá el control total de la venta de los espacios, medidos en metros lineales, donde se instalarán las graderías a lo largo de la ruta del Carnaval, la cual se extiende por aproximadamente cuatro kilómetros.
Este control de los espacios físicos es el pilar fundamental del Reglamento del Carnaval 2027, el cual ya ha sido aprobado y entrará en vigencia para la próxima festividad. El burgomaestre orureño defendió su postura enfatizando la necesidad de transparencia en el manejo de los recursos. “Nuestro único compromiso es hacer las cosas bien, nada más, queremos transparentar las cosas. Si eso es delito señores, si transparentar el Carnaval, manejar los recursos de manera transparente es un delito, aquí estoy, crucifíquenme”, afirmó Quispe con evidente emotividad al cierre de la accidentada reunión.
Por su parte, la ACFO argumenta que el reglamento fue elaborado de manera unilateral por la Alcaldía, sin que existiera un proceso de consulta previa con la Asociación. El presidente de la ACFO, Ángel Arancibia, cuestionó la legitimidad de la petición municipal hace un mes, calificándola de absurda debido a la naturaleza privada de su institución, llegando incluso a retar al alcalde a que explicara los gastos de su propia casa.
Asimismo, Arancibia justificó la declaración de estado de emergencia alegando que la Alcaldía de Oruro ha implementado un recorte del 60% en los ingresos económicos que la ACFO recibe habitualmente por la organización del Carnaval.
Más allá del conflicto financiero, el nuevo reglamento introduce medidas proteccionistas para la economía local. Se establece que se dará prioridad a la ciudadanía orureña en todas las actividades económicas derivadas del Carnaval, incluyendo la instalación de graderías, el comercio de cualquier índole y el servicio de transporte público. En este sentido, se ha informado que los transportistas y comerciantes que provengan del interior del país deberán ajustarse a las normas municipales, ya que se dará preferencia a la población local. Específicamente, se ha señalado que los taxistas foráneos no podrán trabajar durante los días de carnaval; solo aquellos debidamente identificados y uniformados de la ciudad estarán autorizados para operar.
Finalmente, la Alcaldía anunció la elaboración de dos proyectos de ley adicionales. El primero busca salvaguardar el denominativo “Carnaval de Oruro” para evitar que personas o empresas lucren con el nombre sin autorización municipal. El segundo proyecto pretende proteger a los danzarines y peregrinos, asegurando que no sean víctimas de amedrentamientos o vulneraciones a sus derechos dentro de sus respectivos conjuntos folclóricos. En cuanto a la seguridad, se confirmó que funcionarios municipales, la Policía y las Fuerzas Armadas custodiarán toda la ruta hasta la Basílica Menor de Nuestra Señora del Socavón.
Todo este proceso ocurre en un contexto significativo, ya que se cumplen 25 años desde que la Unesco declarara al Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
