La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, ha formalizado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el creador de contenido y activista político Levy Rincón. Esta información fue revelada por el senador Jonathan Ferney Pulido, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, quien detalló que la acción legal es una respuesta directa a los señalamientos realizados por el influenciador en diversas plataformas digitales.
La denuncia personal de la esposa del jefe de Estado llega en un momento de alta tensión institucional, sumándose a una gestión previa impulsada desde el Congreso. Anteriormente, un grupo de 25 senadores ya había radicado una petición ante el ente acusador solicitando que se investigaran los mensajes difundidos por Rincón. Esta acción colectiva buscaba requerir que la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, tomara medidas judiciales frente a los pronunciamientos del creador de contenido.
El anuncio de la denuncia personal ocurrió tras una serie de declaraciones de Levy Rincón, quien había asegurado en sus redes sociales que la solicitud presentada por los legisladores carecía de validez procesal. Según el influenciador, una petición firmada por congresistas no tendría peso legal, ya que consideraba que únicamente la víctima directa —en este caso, la señora Ana Lucía Pineda— podía interponer la querella formal necesaria para iniciar un proceso por injuria y calumnia. Rincón había manifestado públicamente que, aunque cien senadores firmaran la solicitud, ninguno podría sustituir la voluntad de quien legalmente debe presentar la querella.
Ante estas afirmaciones, el senador Jota Pe Hernández, integrante del Partido Verde con una corriente de derecha, utilizó sus cuentas oficiales para desmentir al influenciador y precisar la naturaleza del proceso penal. El legislador aclaró que la primera dama ya había interpuesto la denuncia y, fundamentalmente, señaló que el cargo es por hostigamiento agravado, citando el artículo 134b. Según Hernández, este delito no es querellable, lo que significa que la Fiscalía tiene la facultad de abrir una investigación de oficio, independientemente de los trámites de una querella privada. El senador fue enfático al señalar que las acciones de Rincón no fueron simples expresiones de opinión, sino actos de injuria, calumnia y hostigamiento.
Por su parte, los 25 senadores que promovieron la iniciativa inicial, todos hombres, argumentaron que su solicitud era un acto de respaldo institucional hacia las mujeres y la figura de la primera dama. A través de un oficio, solicitaron a la fiscalía que se enviara un mensaje contundente sobre el respeto debido a las mujeres en Colombia, afirmando que ha terminado la época en la que los hombres podían tratar a las mujeres sin consideración. El senador Jota Pe Hernández reforzó este punto con un tono severo, mencionando que Rincón recibiría una "bienvenida a la Patria Milagro" y asegurando que quienes actúan de esa manera en el país deben pagar las consecuencias.
El origen del conflicto radica en las denuncias publicadas por Levy Rincón sobre la gestión de recursos asistenciales. El activista ha cuestionado presuntas irregularidades en el recaudo de donaciones destinadas a atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Rincón ha puesto el foco en una fundación creada por Ana Lucía Pineda un mes antes de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, cuestionando el destino final de los fondos y señalando discrepancias entre los montos ingresados y las cifras reportadas públicamente. Además, el influenciador ha vinculado al presidente de la República con supuestas actividades al margen de la ley.
Frente a la ofensiva legal, Levy Rincón sostiene que estas medidas son un intento de la "ultraderecha", liderada por figuras como Abelardo de la Espriella y Jota Pe Hernández, para silenciar sus cuestionamientos ciudadanos. El creador de contenido ha reiterado que su objetivo es obtener respuestas claras sobre la plata de las donaciones y el funcionamiento del denominado "fondo Milagro".
Finalmente, el caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales. Para determinar la veracidad de las acusaciones mutuas, la Fiscalía deberá proceder con la verificación de las cuentas bancarias, los registros contables y los soportes legales de la entidad sin ánimo de lucro vinculada a la primera dama, con el fin de corroborar o desestimar las versiones presentadas por Rincón en el marco de la investigación penal.
