Entre finales de septiembre y octubre de 2026, el régimen liderado por Daniel Ortega autorizó la realización de procesiones para cuatro santos patronos, permitiéndoles salir de sus parroquias después de que, desde el año 2022, la mayoría de estas actividades hubieran sido restringidas por decisión de la Policía Nacional. Los santos autorizados fueron San Jerónimo en Masaya, San Miguel Arcángel en Managua, San Francisco de Asís en Camoapa y la Virgen de la Merced en Matagalpa.
A pesar de estas aperturas puntuales, analistas y fuentes eclesiásticas advierten que no se trata de un levantamiento general de las restricciones impuestas por el brazo represor del Estado. Por el contrario, se describe la situación como la concesión de permisos selectivos y de último minuto, otorgados a procesiones específicas que continúan operando bajo una estricta vigilancia policial.
Martha Patricia Molina, investigadora y autora del estudio “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”, señaló que estas decisiones fueron tomadas de forma imprevista, obligando a los sacerdotes a organizar las salidas sin una preparación previa. Según Molina, aunque el clero no ha desaprovechado la oportunidad, se trata de "procesiones a medias", carentes de una libertad plena y ejecutadas bajo el control de las autoridades dictatoriales.
La estrategia del régimen parece centrarse en autorizar aquellas procesiones que son más representativas y masivas, asegurando que cuenten con la cobertura de los medios de comunicación oficiales y propagandísticos. El objetivo, según el análisis, es proyectar una imagen de normalidad y libertad religiosa hacia el exterior. Un ejemplo de esta dinámica ocurrió en la parroquia San Miguel Arcángel de Managua, donde el sacerdote local agradeció públicamente el resguardo y apoyo brindado por el comisionado del Distrito II, Otto Bismark Arévalo, y las autoridades civiles antes de que el patrono recorriera las calles del barrio Las Brisas.
Sin embargo, esta permisividad no ha sido equitativa. Mientras que en Managua se permitió la salida, en Masaya la parroquia homónima no recibió el permiso necesario para trasladar al santo a las calles; en su lugar, los feligreses debieron realizar sus bailes y devociones limitados al atrio y los costados del templo. De un total de diez procesiones registradas entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre de 2026 que anteriormente estaban prohibidas, seis continuaron realizándose exclusivamente intramuros.
Molina explicó que algunos sacerdotes han reportado la ausencia total de orientaciones para realizar procesiones, mientras que otros han sido "visitados" por agentes policiales que aprovechan el contacto para tomar fotografías, grabar videos y solicitar información sobre el trabajo pastoral con el fin de mantener el control social.
El contexto de represión es amplio. Según los datos del estudio “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”, entre 2019 y mediados de 2025, la dictadura prohibió más de 16,564 actividades de piedad popular. Aunque las prohibiciones se generalizaron en 2022, han existido excepciones aisladas, como la Gritería en honor a la Virgen María, la procesión de Santo Domingo en Managua o la de San Jerónimo de León.
La limitación de los permisos actuales es evidente en el caso de San Jerónimo de Masaya. Se le permitió salir únicamente el 20 de septiembre por un trayecto de siete cuadras. No obstante, se le denegó la tradicional procesión de “La Octava”, que normalmente ocurre el 7 de octubre y dura hasta el día siguiente. En su lugar, se realizó una eucaristía y el santo permaneció expuesto dentro del templo antes de ser subido a su altar.
Ante estas medidas, han surgido especulaciones sobre un posible acuerdo entre el régimen y la Iglesia, o específicamente con el cardenal Leopoldo José Brenes. Molina ha desmentido categóricamente estos supuestos, afirmando que se trata de una decisión espontánea de la dictadura para evitar críticas. Advirtió que los sacerdotes que no logran organizar las salidas debido a la premura de los permisos son posteriormente difamados en redes sociales, sugiriendo que son los propios sacerdotes quienes impiden las procesiones.
Por su parte, el sacerdote exiliado Edwin Roman, expárroco de San Miguel Arcángel de Masaya, sostuvo a través de la plataforma X que estas procesiones "excesivamente controladas" no significan la llegada de la libertad religiosa, sino que son una respuesta del régimen al sentirse acorralado por la presión internacional.
Esta presión se ha manifestado recientemente a través del cardenal Pietro Parolin, Secretario del Vaticano, quien durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró la inquietud de la Santa Sede por la situación en Nicaragua y llamó a un diálogo respetuoso y constructivo. Asimismo, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) incluyó a Nicaragua en su lista de “países de especial preocupación” en 2026, denunciando la represión política, la vigilancia y el acoso generalizado contra el clero y las comunidades religiosas por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
