Una profunda controversia ha surgido en torno a la decisión del Ministerio de Justicia de otorgar rebajas de penas a un grupo de personas condenadas por la comisión de delitos sexuales contra menores de edad. El caso ha cobrado mayor relevancia y conmoción pública tras la difusión de testimonios directos de algunos de los beneficiados, quienes detallaron las circunstancias en que fueron notificados de la reducción de sus sentencias.
En declaraciones entregadas al programa Reportajes Teletrece, dos de los sujetos que recibieron este beneficio revelaron cómo se enteraron de la medida. Uno de los condenados manifestó que la noticia fue recibida con total sorpresa, enfatizando que en ningún momento había previsto que se concretaría una reducción en el tiempo de su encierro. Según el relato del hombre, el proceso ocurrió de manera abrupta, describiendo la situación con la frase "fue de la noche a la mañana".
El testimonio permitió conocer el impacto real de esta medida administrativa en la situación carcelaria de los beneficiados. El hombre explicó que la rebaja de condena se tradujo específicamente en una reducción de nueve meses de cárcel. Esta disminución del tiempo de condena fue el factor determinante que, finalmente, permitió que el sujeto pudiera quedar en libertad, evidenciando el efecto directo que tienen estas resoluciones en la salida de personas sentenciadas por delitos graves contra la infancia.
El condenado reiteró que la sensación de asombro fue generalizada entre quienes fueron favorecidos por la medida, asegurando que fueron "uno de los pocos beneficiados con respecto a ese tema". El sujeto insistió en que no esperaba el beneficio y que el anuncio de los meses reducidos fue lo que precipita su liberación inmediata.
Por otro lado, la polémica se intensificó con el testimonio de un segundo sujeto, quien fue beneficiado habiendo agredido sexualmente a una menor de tan solo 13 años. Al ser consultado sobre si consideraba que la rebaja de su condena era justa para la víctima, el sentenciado dio una respuesta ambivalente, calificando la situación como un "50-50". Para justificar su postura, el hombre señaló que él no había solicitado el carnet de identidad de la víctima, reconociendo que "fue mala mía", en un intento de analizar la proporcionalidad de la pena y su reducción.
Estos testimonios emergen en un contexto de cuestionamientos institucionales. Se ha trascendido que el Ministerio de Justicia autorizó un total de 56 rebajas de condena en un periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. El desglose de estas medidas revela que 27 de las rebajas corresponden a personas sentenciadas por delitos de abuso sexual, mientras que las 29 restantes fueron otorgadas a condenados por el delito de violación.
La decisión ha generado fuertes críticas respecto a los criterios jurídicos empleados para conceder tales beneficios a personas que cometieron crímenes contra menores. Ante estas dudas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, salió en defensa de las resoluciones emitidas por su cartera. El secretario de Estado sostuvo que todas las rebajas se ajustaban estrictamente a los criterios legales que habían sido establecidos previamente por la Corte Suprema, argumentando así la legalidad del proceso.
Sin embargo, ante la creciente controversia y el rechazo social, el Gobierno ha tomado medidas correctivas inmediatas. Se anunció la suspensión total de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena. Además, la administración planteó el impulso de cambios legales profundos con el objetivo de impedir que, en el futuro, los condenados por delitos sexuales contra menores de edad puedan acceder a este tipo de beneficios, especialmente aquellos que se encuentren bajo regímenes legales anteriores a la normativa vigente.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F71b%2F029%2Fc47%2F71b029c473882120b5746ba6bbe0b4e2.jpg)
