El Ministerio Público de la República Dominicana ha formalizado una solicitud de condena de 30 años de prisión contra Yokeiry Coronado De La Cruz y Jeider Montero Medina. Ambos imputados enfrentan un proceso judicial por la muerte de una menor de siete años, cuyos hechos ocurrieron en el sector de Los Guandules, perteneciente al Distrito Nacional.
La solicitud fue presentada ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Durante la audiencia, la fiscal litigante Yelianny Polanco expuso que el conjunto de pruebas recopiladas durante la investigación permite establecer con claridad la responsabilidad penal de los acusados. Según la representación del Ministerio Público, los hechos atribuidos a Coronado De La Cruz y Montero Medina encuadran en los delitos de homicidio, tortura y barbarie, además de maltrato infantil.
Polanco subrayó que existen factores agravantes que deben ser considerados por el tribunal para la imposición de la pena máxima solicitada. Entre estos destacan la alevosía con la que se actuó, la extrema vulnerabilidad de la víctima debido a su corta edad y el vínculo afectivo y de responsabilidad que existía entre los imputados y la niña, quienes tenían la obligación legal y moral de protegerla.
Respecto a la dinámica de los hechos, la fiscalía detalló que Jeider Montero Medina mantuvo un dominio funcional sobre lo ocurrido. Por su parte, la participación de Yokeiry Coronado De La Cruz fue señalada como determinante, indicando la representante del Ministerio Público que dicha responsabilidad quedó admitida en el transcurso del proceso judicial.
El marco legal que sustenta la acusación es amplio y detallado. El Ministerio Público imputa la violación de diversos artículos del Código Penal dominicano, específicamente los artículos 295, 304, 303 y 303-4, en sus numerales 1, 2, 3 y 4. Asimismo, se incluye la violación al artículo 331 del mismo código. A esto se suma la transgresión del artículo 396, literales A y B, de la Ley 136-03, la cual establece el Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, norma diseñada para garantizar la integridad de los menores en el país.
La investigación revela que la niña se encontraba bajo el cuidado directo de los imputados. El Ministerio Público enfatizó que esta condición otorgaba a Coronado De La Cruz y Montero Medina el deber irrenunciable de garantizar la seguridad y protección de la menor, responsabilidad que fue sistemáticamente ignorada.
Los hechos que llevaron al fallecimiento de la niña se sitúan cronológicamente entre los meses de julio y agosto del año 2025. De acuerdo con el expediente fiscal, Yokeiry Coronado De La Cruz incurrió en reiterados actos de maltrato contra la menor. En este contexto, se señala que Jeider Montero Medina, a pesar de tener pleno conocimiento de que la niña estaba siendo víctima de abusos, omitió su deber de denunciar la situación ante las autoridades competentes, permitiendo que la violencia continuara.
El desenlace ocurrió el 16 de agosto de 2025. Alrededor de las 6:30 de la tarde, Coronado De La Cruz solicitó la presencia de familiares en su domicilio, ubicado en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, en el sector de Los Guandules. El motivo alegado fue que la niña presentaba convulsiones, intentando presentar la situación como una emergencia médica imprevista.
Ante la gravedad del estado de la menor, Alejandrina Rodríguez Polanco procedió a contactar al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la niña se encontraba inconsciente. Tras la intervención de los servicios de emergencia y la posterior llegada de los peritos, una médica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento de la víctima.
El informe forense fue contundente. Según el acta de levantamiento de cadáver número 0100959, la causa de la muerte estaba directamente relacionada con un cuadro de maltrato reiterado. Esta evidencia científica desmintió la versión proporcionada por Coronado De La Cruz sobre las circunstancias del deceso, lo que llevó a su arresto inmediato. Posteriormente, la Policía Nacional procedió a la detención de Jeider Montero Medina, basando su arresto en el vínculo de cuidado y protección que mantenía con la víctima.
Finalmente, el órgano acusador reiteró que la sentencia solicitada es coherente con la gravedad de los hechos y las disposiciones de la Ley 136-03, subrayando la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la infancia y sancionar la barbarie cometida contra una persona indefensa.
