La Fiscalía del estado de Florida ha anunciado la obtención de una orden de arresto estatal contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro. La medida legal se basa en cargos de conspiración para cometer asesinato, vinculados directamente con el derribo de dos avionetas civiles pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996, incidente que resultó en la muerte de cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.
El anuncio fue realizado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien detalló que la orden de arresto fue emitida por la jueza Ariana Fajardo Orshan, perteneciente al Undécimo Circuito Judicial de Florida. Este procedimiento legal fue coordinado y obtenido a través de la Fiscalía estatal y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).
En un comunicado oficial, Uthmeier fue enfático al señalar que Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos. El fiscal subrayó que el estado de Florida no desistirá en su labor de perseguir que se rindan cuentas por lo que calificó como una "conspiración comunista". Es importante destacar que Uthmeier fue quien ordenó la reapertura de esta investigación el año pasado, impulsando la actual acción judicial.
Por su parte, el Gobierno de Cuba reaccionó con dureza a la noticia. El actual presidente, Miguel Díaz-Canel, utilizó su cuenta en la red social X para condenar la medida. El mandatario calificó la acción contra el General de Ejército como una "repudiable acción" y describió el proceso como un "patético circo miamense" con trasfondos electorales. Según Díaz-Canel, la orden de arresto carece de sentido jurídico y práctico, calificándola como una "maniobra de vestidura legal" montada por políticos anticubanos. Asimismo, el presidente cubano vinculó esta medida con el afán agresivo de justificar el Bloqueo y el castigo colectivo impuesto al pueblo cubano.
Desde el punto de vista legal, la orden acusa a Raúl Castro de conspiración para cometer asesinato, tipificado como un delito grave bajo la legislación de Florida. La jueza Fajardo Orshan ha determinado que no se concederá fianza mientras el caso permanezca abierto. Además, la Fiscalía ha dejado la puerta abierta a la presentación de cargos adicionales en el futuro.
Esta acción estatal no es un hecho aislado, sino que complementa una acusación formal presentada previamente en mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En aquel proceso federal, se acusó a Castro y a otros individuos de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves. Ante estas acusaciones, Raúl Castro ha negado haber ordenado directamente el ataque, mientras que la administración cubana ha rechazado los cargos tildándolos de medidas políticas.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones explicó que la actuación del estado de Florida complementa el proceso federal, permitiendo que el caso avance a través de vías judiciales paralelas. Reding Quiñones afirmó que la "histórica acusación federal" sentó las bases para que el equipo de James Uthmeier diera el paso de presentar cargos conforme a la legislación específica de Florida.
Los detalles técnicos de la acusación, basados en una declaración jurada, indican que Raúl Castro, quien en aquel entonces se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba, formaba parte de la cadena de mando que autorizó el derribo de las aeronaves. Según el documento, agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate recopilaron planes de vuelo y los transmitieron a La Habana para facilitar la operación.
Uthmeier señaló que espías del régimen operaban dentro de las comunidades, suministrando inteligencia que permitió poner a los pilotos civiles en la mira de los aviones MiG cubanos. El fiscal reiteró el compromiso de hacer justicia, treinta años después, a las víctimas identificadas como Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
Durante la década de 1990, Hermanos al Rescate operaba vuelos regulares con el objetivo de localizar y asistir a cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos por mar. El 24 de febrero de 1996, en una de estas misiones, fuerzas cubanas derribaron dos aviones cerca de la costa mediante el uso de misiles guiados por calor, según consta en documentos del Congreso de Estados Unidos. Mientras una tercera aeronave logró escapar, los dos aviones atacados fueron destruidos, resultando en la muerte de tres estadounidenses y un residente de Estados Unidos.
Tras el suceso, el Gobierno cubano sostuvo que la organización participaba en operaciones encubiertas contra el régimen, afirmaciones que Estados Unidos negó categóricamente, sosteniendo que los aviones no estaban armados y que los voluntarios no representaban amenaza alguna para la población o las fuerzas armadas cubanas.
Este nuevo escenario legal se desarrolla en un contexto de crisis interna en Cuba y un incremento de la presión por parte del Gobierno de Donald Trump. Desde principios de 2026, se han impuesto nuevas sanciones contra la isla y figuras clave de su Gobierno, afectando al presidente Miguel Díaz-Canel y a descendientes de Raúl Castro, incluyendo a un hijo y un nieto.
