El mercado de seguros en Costa Rica ha experimentado una transformación significativa durante la última década, caracterizada por un incremento en la penetración del sector y un cambio notable en las preferencias de los consumidores. Según un balance presentado por la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP), elaborado con datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), la penetración de los seguros en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) ascendió del 1,8% al 2,8% en el periodo comprendido entre 2015 y 2025.
Este crecimiento se ha visto impulsado principalmente por los seguros destinados a la protección de las personas. Entre 2015 y 2025, las primas de los seguros personales registraron un aumento del 196%, una cifra que contrasta con el crecimiento del 79% reportado por los seguros generales en el mismo lapso. En términos globales, las primas de todos los seguros voluntarios crecieron un 118%, mientras que el mercado total se multiplicó por 3,3 entre 2010 y 2025, periodo que coincide con los primeros 15 años de competencia con la entrada de aseguradoras privadas.
Kevin Lucas, presidente de la AAP, destacó que esta evolución es evidente en la composición de los productos contratados. El crecimiento más relevante se ha concentrado en los seguros de vida, salud y accidentes personales. Para poner esto en perspectiva, hasta el año 2015, el mercado estaba dominado por coberturas de automóviles, riesgos del trabajo e incendio. Sin embargo, la tendencia cambió y, para el año 2018, el seguro de salud superó por primera vez al de incendio en volumen.
Al llegar al año 2025, la estructura del mercado se ha consolidado en cuatro grandes grupos: automóviles, riesgos del trabajo, vida y salud. Además, el gremio informó que desde 2023 los seguros orientados a la protección de las personas han pasado a ocupar el primer lugar en volumen de primas. Lucas atribuye este fenómeno a una mayor contratación voluntaria, lo que sugiere que la cultura de seguros y la necesidad de protección personal están en ascenso entre la población costarricense.
El impacto económico de este crecimiento también se refleja en la prima per cápita, la cual pasó de ¢116.729 en 2015 a ¢228.997 en 2025, representando un incremento del 96%. A pesar de estos avances, la AAP advierte que aún existe una brecha de cobertura considerable. El presidente de la asociación señaló que, mientras en mercados como Chile, España y otros países europeos la penetración de los seguros se ubica entre el 6% y el 8% del PIB, Costa Rica todavía tiene un camino largo por recorrer para alcanzar niveles similares. Para Lucas, el reto reside en que la industria se adapte mejor a las necesidades y riesgos actuales de los asegurados.
En cuanto a la solvencia y el impacto social, la industria aseguradora ha realizado pagos significativos. Entre 2010 y 2025, se pagaron más de ¢5 billones en indemnizaciones, de los cuales ¢3,7 billones correspondieron a seguros voluntarios. Por su parte, las aseguradoras privadas fueron responsables del pago de más de ¢1,2 billones. Estas indemnizaciones cubrieron diversos eventos, incluyendo enfermedades, accidentes y pérdidas patrimoniales.
Actualmente, el sector cuenta con 11 aseguradoras privadas que generan 1.388 empleos directos, sumados a una red de más de 2.000 corredores y agentes. No obstante, el sector enfrenta desafíos críticos. Uno de los puntos de mayor preocupación para la AAP es la posible implementación de nuevas cargas impositivas sobre las primas, ya que Lucas advierte que un aumento en los impuestos encarece el seguro y reduce la contratación.
Asimismo, la siniestralidad en los seguros de automóviles sigue siendo un tema vigilado, influenciado por la llegada de nuevas marcas de vehículos, la disponibilidad de repuestos, la densidad vehicular y el estado de la infraestructura vial. Finalmente, la industria observa con cautela los riesgos emergentes: el cambio climático, con sus huracanes, sequías y lluvias intensas que afectan la infraestructura y la producción, y la ciberseguridad, ante el incremento de ataques informáticos que afectan tanto a las compañías como a los usuarios de servicios digitales y cuentas bancarias.
