La adhesión de Costa Rica al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) ha pasado de ser uno de los objetivos económicos prioritarios del Gobierno a convertirse en un punto de fuerte controversia interna. A pesar de que las negociaciones concluyeron en mayo pasado y el país se encontraba a la espera de la firma del documento para su posterior envío al Congreso, el respaldo del Poder Ejecutivo ha sufrido un retroceso significativo.
El pasado 24 de setiembre, la presidenta Laura Fernández generó incertidumbre al afirmar que no ha revisado el borrador del acuerdo y que, por lo tanto, no lo avala. La mandataria aseguró que existen sectores que intentan utilizar el argumento del miedo para dividir al país y poner palabras en su boca que nunca ha pronunciado. Ante esta situación, Fernández convocó a representantes de diversos sectores productivos a una reunión de análisis del convenio, programada para este viernes en Casa Presidencial.
Este cambio de postura resulta llamativo dado que la negociación del CPTPP se inició durante la administración de Rodrigo Chaves y formaba parte del plan de gobierno respaldado por Fernández. El acuerdo en cuestión está conformado por una alianza de economías diversas que incluyen a Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur. Actualmente, Costa Rica ya posee tratados de libre comercio (TLC) con seis de estos países y cuenta con un total de 18 acuerdos comerciales firmados.
La posible incorporación al bloque ha generado reacciones divididas entre los sectores productivos y empresariales. Por un lado, la oposición es liderada por el sector agropecuario. Ivannia Quesada, presidenta de la Cámara de Productores de Leche, ha advertido que el sector lácteo nacional requiere condiciones equitativas antes de comprometerse con nuevos tratados. Según Quesada, el CPTPP podría afectar gravemente a los productores locales al obligarlos a competir con economías de una escala productiva y exportadora mucho mayor.
En la misma línea, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), a través de su vocero Óscar Arias Moreira, se ha opuesto a la adhesión. Arias sostiene que los efectos serían negativos para la producción nacional, el empleo en las zonas rurales, la seguridad alimentaria y los encadenamientos productivos. Para el dirigente, el problema no es la apertura comercial per se, sino la falta de garantías para que el productor nacional compita en igualdad de condiciones. Asimismo, criticó que el proceso careciera de un diálogo amplio con los sectores agroproductivos y de análisis técnicos integrales que evidencien los costos y beneficios reales, asegurando que las oportunidades comerciales para el agro serían limitadas.
Esta preocupación es compartida por pequeños productores, como Elmer Rojas, dedicado a la actividad láctea en Guayabo de Bagaces, Guanacaste. Rojas ve el CPTPP como una amenaza directa a su medio de vida, ya que los precios actuales no permiten cubrir los costos de producción y teme que el ingreso de productos extranjeros termine por desplazar la producción nacional.
En contraste, otros sectores ven la adhesión como una necesidad estratégica. Erick Ulate, director ejecutivo de la Asociación de Consumidores Libres (ACL), argumenta que el acuerdo ampliaría el acceso a bienes y servicios a precios más competitivos, destacando que los alimentos son productos sensibles para los consumidores, dado que Costa Rica es importador de los principales artículos de consumo.
Desde la perspectiva de la inversión, la Asociación de Zonas Francas (Azofras) respalda la incorporación, señalando que la apertura con mercados globales hace de Costa Rica un destino más atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED). No obstante, Azofras advirtió que la apertura comercial no es suficiente por sí sola; es imperativo que el país resuelva problemas estructurales internos para mejorar su competitividad y cuidar a los sectores vulnerables.
Por su parte, la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) mantienen su apoyo. La Cámara de Comercio destaca la oportunidad de diversificar mercados, atraer inversión y acceder a maquinaria y tecnología más competitiva. Rodney Salazar, presidente de Crecex, subrayó que el acuerdo es una plataforma de integración con economías dinámicas de Asia-Pacífico, lo cual es vital en un contexto global de tensiones geopolíticas, proteccionismo y disrupciones en las cadenas de suministro.
Finalmente, la Cámara de Industrias, representada por Sergio Capón, aunque respalda históricamente la apertura, condiciona la adhesión a la protección de sectores sensibles, plazos de desgravación adecuados y un plan administrativo claro. Capón alertó que los sectores más vulnerables serían los de lácteos, carne de cerdo, aves, embutidos, aceite de palma, plásticos y vidrio. Además, señaló que, dado que muchas exportaciones costarricenses ya entran sin aranceles a varios miembros del bloque, la ganancia real en acceso a mercados podría ser limitada.
