La adhesión de Chile al Escudo de las Américas ha generado una división profunda dentro del sector político que integró la exConcertación. El punto de inflexión se ha producido tras el respaldo público y sin matices del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la iniciativa impulsada por Donald Trump, posicionándose en sentido contrario a las advertencias emitidas por otros exmandatarios y figuras clave de la diplomacia chilena.
A través de una carta publicada el sábado en El Mercurio, Frei Ruiz-Tagle sostuvo que “Chile no puede quedarse al margen” de este mecanismo. El exmandatario, quien fue presidente entre 1994 y 2000 y un impulsor de la apertura comercial del país, centró sus argumentos en la necesidad de contar con herramientas concretas para combatir el crimen organizado. Según Frei, la integración al Escudo permitirá mejorar el análisis de datos, compartir información estratégica, profundizar la coordinación fronteriza y perseguir las rutas financieras delictivas, además de capacitar a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Para él, se trata de una herramienta necesaria para enfrentar una amenaza compartida de forma unida y sostenida.
Esta postura contrasta drásticamente con la de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Ambos firmaron una inédita declaración conjunta en la que solicitaron al presidente José Antonio Kast reconsiderar la permanencia de Chile en la iniciativa. El argumento central de Bachelet y Boric es que cualquier cooperación internacional debe preservar plenamente la autonomía de las decisiones del Estado chileno, evitando que la política exterior, la seguridad o la defensa queden subordinadas a las prioridades de una potencia extranjera. A pesar de su rechazo al mecanismo actual, ambos exmandatarios manifestaron su disposición a colaborar en una estrategia de Estado contra el crimen organizado.
La controversia radica en la naturaleza real del acuerdo. Mientras el Gobierno sostiene que no se trata de un tratado, sino de una coordinación voluntaria centrada en el intercambio de información policial, la documentación del Comando Sur de Estados Unidos define al Escudo como una alianza de seguridad y política destinada a limitar interferencias geopolíticas extranjeras en el hemisferio.
Esta diferencia de interpretaciones ha alimentado la inquietud de diversos sectores. Se han citado ejemplos recientes, como la reunión de la coalición en Panamá en agosto, donde el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, instó a los miembros a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI). Asimismo, Estados Unidos ha planteado la posibilidad de realizar operaciones militares conjuntas con Colombia contra grupos armados. Aunque Chile no ha asumido tales compromisos, los críticos argumentan que el alcance futuro de la alianza no puede evaluarse únicamente bajo la premisa de la cooperación policial.
En el ámbito diplomático, el excanciller Ignacio Walker ha cuestionado la idoneidad del mecanismo para combatir el crimen y ha alertado sobre un posible escalamiento hacia la cooperación militar. Por su parte, el excanciller Mariano Fernández afirmó que, en una reunión reservada, el canciller Francisco Pérez Mackenna habría reconocido que fue “muy difícil” para Chile no adherir debido a presiones de Estados Unidos, versión respaldada por Walker y la exsubsecretaria Ximena Fuentes, aunque el Gobierno ha negado formalmente tales presiones.
Por otro lado, el excanciller José Miguel Insulza señaló que, al no ser un tratado, no ve cómo el TIAR pueda utilizarse contra actividades delictuales, planteando la interrogante de por qué una iniciativa contra los carteles se vincula con instrumentos de defensa hemisférica y disputas geopolíticas con China.
El impacto de la postura de Frei ha resonado incluso dentro de su propio partido. El jefe de bancada de los diputados DC, Jorge Díaz, aclaró que la posición de Frei “dista absolutamente” de la de los parlamentarios democratacristianos, advirtiendo sobre los riesgos económicos de tensionar la relación con China, el principal socio comercial de Chile, especialmente cuando Estados Unidos mantiene un arancel del 12% sobre productos chilenos. En el Partido Socialista, Nelson Venegas cuestionó que el Escudo pueda convertirse en un mecanismo de hegemonía económica estadounidense, alejándose de la apertura sin discriminaciones que el propio Frei defendió en los años noventa.
A pesar de las críticas, el gobierno de Kast ha utilizado el respaldo de Frei como un argumento de autoridad. El canciller Pérez Mackenna y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, coincidieron en que el expresidente tiene razón, mientras que desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Stephan Schubert, calificó su postura como un ejemplo de “visión de Estado”.
Cabe recordar que Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue designado por Kast en mayo como embajador de Chile en Misión Especial, ad honorem, cargo justificado por la Cancillería debido a su experiencia internacional. Este vínculo político y su previa declaración de que su respaldo a Kast fue una “decisión republicana” enmarcan la actual divergencia sobre cuánto margen de autonomía debe conservar Chile frente a Washington en un escenario de disputa global por la influencia en América Latina.
