La indignación pública ha crecido significativamente en torno al caso de una estudiante de la Universidad de Cornell, presuntamente víctima de una violación grupal en una casa de fraternidad durante el año 2024. El caso, que ha captado la atención a nivel nacional, ha escalado hasta las máximas instancias políticas del estado, llevando a la gobernadora de Nueva York a prometer públicamente que no permitirá que nadie oculte los hechos ni entorpezca la búsqueda de justicia.
Nuevos detalles han surgido gracias a la obtención de mensajes de Snapchat, documentos de la investigación formal de la universidad bajo el Título IX y la decisión de un comité disciplinario, información que ha sido analizada y difundida por The New York Times. Estos documentos arrojan luz sobre los acontecimientos ocurridos en la casa de la fraternidad, el estado mental de la víctima, identificada como Jane Doe, y la evolución de su comprensión de los hechos a medida que procesaba el trauma en las semanas posteriores a la agresión.
Uno de los puntos centrales de la controversia es el manejo de la información por parte de la Universidad de Cornell. La institución se encuentra bajo un intenso escrutinio debido a contradicciones en sus declaraciones oficiales. Inicialmente, Cornell afirmó que la policía del campus había investigado las acusaciones y que se había compartido "toda la información de la investigación" con la Fiscalía del Condado de Tompkins. Sin embargo, la universidad posteriormente rectificó su postura, admitiendo que la policía investigó los hechos pero que únicamente compartió la declaración jurada de la víctima y una captura de pantalla de Snapchat con la fiscalía.
Esta discrepancia es crucial, ya que el fiscal de distrito, Van Houten, había argumentado previamente que su oficina no presentó cargos penales basándose en una declaración de seis páginas proporcionada por Doe. No obstante, se ha revelado que la fiscalía tuvo acceso a algunos mensajes de Snapchat intercambiados en un chat grupal titulado “Chi Phi Actives” durante el momento de la supuesta agresión. CNN ha obtenido imágenes de estas conversaciones, que incluyen una fotografía de Doe en una habitación de la casa de la fraternidad en el momento en que, según su relato, fue agredida.
La gravedad del caso se acentúa al contrastar la declaración escrita con las entrevistas verbales. Según reportes de WCBS, Doe realizó una acusación explícita de violación durante su entrevista, un detalle que fue omitido en la declaración de seis páginas entregada a los fiscales. Si bien en dicho documento Doe relató haber sido golpeada y haberse sentido coaccionada emocionalmente, no incluyó las expresiones más fuertes ni las acusaciones directas que sí utilizó en su entrevista, según indican los documentos obtenidos por The New York Times.
La gestión de la fiscalía también ha sido cuestionada. Documentos revelan que la oficina del fiscal se negó a revisar pruebas adicionales recopiladas por el departamento de policía del campus más allá de la declaración firmada por Doe. Un investigador de la policía de Cornell documentó una llamada realizada el 25 de noviembre de 2024, en la cual informó al personal de la fiscalía que ya se habían realizado más entrevistas y revisado mensajes de chat. A pesar de esto, los fiscales mostraron desinterés, alegando que ya habían decidido no presentar cargos basándose en la declaración inicial. El fiscal Van Houten sostuvo posteriormente, vía correo electrónico, que cualquier registro adicional no era pertinente ya que contaban con el relato "exhaustivo" de Jane Doe.
En paralelo, el proceso disciplinario interno de la universidad ha tomado un camino distinto. Un documento de 99 páginas resume las pruebas clave utilizadas por un comité disciplinario de Cornell, el cual incluyó más de 50 entrevistas, entre ellas a seis de los siete hombres acusados. Estas investigaciones derivaron en la prohibición de la fraternidad Chi Phi en el campus, la creación de un grupo de trabajo sobre agresión sexual y la aplicación de suspensiones y expulsiones a los estudiantes implicados.
Respecto a los acusados, cuatro miembros de la fraternidad Chi Phi admitieron haber tenido contacto sexual con Doe, aunque aseguraron que dichas interacciones fueron consensuales. Los demás negaron cualquier participación en encuentros sexuales. Actualmente, un miembro de la fraternidad, demandado en una querella civil, busca que los tribunales de Nueva York invaliden la decisión de la universidad que lo declaró responsable de intento de explotación sexual.
Ante la gravedad de las revelaciones, un fiscal especial asumirá la investigación de las acusaciones de violación grupal. Mientras tanto, la presión estudiantil aumenta; organizaciones como "Students for a Democratic Cornell" han convocado a una protesta en el campus para exigir que la universidad rinda cuentas y se haga justicia en este caso.
