La indignación pública continúa en aumento en Estados Unidos mientras el caso de una estudiante de la Universidad de Cornell, quien fue presuntamente víctima de una violación grupal en una casa de fraternidad durante el año 2024, se mantiene bajo el foco de la atención nacional. La gravedad de los hechos y las irregularidades en el manejo del caso han provocado la intervención política, llevando a la gobernadora del estado de Nueva York a prometer públicamente que no permitirá que nadie intente ocultar lo sucedido en esta institución académica.
Recientes revelaciones basadas en mensajes de Snapchat, las deliberaciones de un comité disciplinario de Cornell y un conjunto de documentos derivados de la investigación formal de la universidad bajo el Título IX —obtenidos por The New York Times— han arrojado nueva luz sobre los acontecimientos. Estos documentos detallan no solo lo que pudo haber ocurrido en la casa de la fraternidad, sino también el estado mental de la víctima, identificada como Doe, en diversos momentos de aquella noche y cómo su propia comprensión de los hechos fue evolucionando a medida que procesaba el trauma en las semanas posteriores al incidente.
Uno de los puntos centrales del escrutinio recae sobre la Universidad de Cornell debido a las contradicciones en sus declaraciones oficiales. Inicialmente, la institución afirmó que la policía del campus había investigado las acusaciones en 2024 y que toda la información recopilada durante dicha investigación había sido compartida íntegramente con la Fiscalía del Condado de Tompkins. Sin embargo, la universidad posteriormente rectificó su versión, admitiendo que la policía investigó los hechos pero que solo compartió con la fiscalía la declaración jurada de la víctima y una captura de pantalla de Snapchat.
Por su parte, el fiscal de distrito, Van Houten, había argumentado previamente que su oficina no presentó cargos penales basándose en una declaración de seis páginas proporcionada por Doe. No obstante, más adelante afirmó que su oficina tuvo acceso a algunos mensajes de Snapchat intercambiados durante la supuesta agresión, los cuales se encontraban en un chat grupal titulado “Chi Phi Actives”. Entre las imágenes obtenidas por CNN se encuentra una fotografía de Doe en una habitación de la casa de la fraternidad en el preciso momento en que, según su relato, estaba siendo agredida.
La controversia se intensifica al revelarse que existe una disparidad significativa entre las distintas versiones del testimonio de la víctima. Según informó WCBS, Doe realizó una acusación explícita de violación durante su entrevista, pero dicho detalle no fue incluido en la declaración de seis páginas que fue entregada a los fiscales. Aunque en el documento firmado Doe relató haber sido golpeada y haberse sentido coaccionada emocionalmente, The New York Times señala que no se incluyeron algunas de las expresiones más fuertes ni las acusaciones directas que sí utilizó en su entrevista.
Además, documentos obtenidos por el Times muestran que la fiscalía se negó a revisar pruebas adicionales que el departamento de policía del campus había recopilado. Un investigador de la policía de Cornell documentó una llamada realizada el 25 de noviembre de 2024, en la que informó al personal de la fiscalía que ya se habían realizado más entrevistas y se habían revisado mensajes de chat. A pesar de esto, los fiscales no mostraron interés en estas evidencias, ya que habían decidido que, basándose únicamente en la declaración de seis páginas de Doe, no se presentarían cargos penales. Ante las consultas del medio, Van Houten sostuvo que cualquier registro adicional no era pertinente para su análisis, pues consideraban que ya tenían el relato exhaustivo de los hechos.
Paralelamente, CNN obtuvo un documento de 99 páginas que resume las pruebas clave utilizadas por el comité disciplinario de Cornell. Esta decisión respalda la tesis de cómo la víctima llegó a comprender posteriormente que los sucesos constituyeron una agresión. La investigación universitaria, que incluyó más de 50 entrevistas y testimonios de seis de los siete hombres acusados, derivó en suspensiones y expulsiones de los estudiantes implicados, la prohibición de la fraternidad Chi Phi en el campus y la creación de un grupo de trabajo sobre agresión sexual.
Sobre los implicados, cuatro miembros de la fraternidad Chi Phi admitieron haber tenido contacto sexual con Doe, aunque sostuvieron que las interacciones fueron consensuales; los demás negaron cualquier participación sexual. Mientras tanto, en el ámbito judicial, un miembro de la fraternidad nombrado como demandado en la querella civil de Doe ha solicitado a los tribunales de Nueva York invalidar la decisión disciplinaria de la universidad que lo declaró responsable de intento de explotación sexual.
Ante este panorama, un fiscal especial asumirá la investigación de las acusaciones de violación grupal. Asimismo, organizaciones estudiantiles, incluyendo Students for a Democratic Cornell, han convocado a una protesta en el campus para el próximo lunes con el objetivo de exigir responsabilidades directas a la universidad.
